La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió la proposición acusatoria contra el expresidente Evo Morales y el exvicepresidente Álvaro García Linera por el caso «Hotel Las Américas», también conocido como caso «Terrorismo», y otorgó un plazo de 30 días hábiles a la Fiscalía General del Estado para que investigue y defina si presenta o no una acusación formal contra ambos exmandatarios.
La resolución fue difundida en redes sociales por el expresidente Jorge «Tuto» Quiroga, líder de la alianza Libre, cuyos legisladores impulsaron la demanda de juicio de responsabilidades. En el documento, la Sala Penal dispone «radicar» el informe de inicio de investigación sobre la proposición acusatoria presentada contra Juan Evo Morales Ayma y Álvaro Marcelo García Linera por la presunta comisión de los delitos de as3s1n4to, vejaciones y torturas, y privación de libertad, cometidos «en el ejercicio de funciones públicas como presidente y vicepresidente del Estado».
El fallo establece que el fiscal general del Estado deberá formular el requerimiento acusatorio o, en su caso, rechazar la proposición una vez cumplido el plazo de 30 días hábiles, computable desde la subsanación del informe de inicio de investigación del 12 de octubre. Esa corrección tenía que ver con la identificación de los domicilios procesales de los dos exmandatarios, un requisito para notificarlos personalmente. La Sala también instruyó que, en coordinación con el oficial de diligencias y las partes, se practiquen las notificaciones legales correspondientes.
El trámite había generado versiones encontradas en las últimas semanas. El 22 de octubre, la magistrada Norma Velasco afirmó que el caso había recibido «observaciones de forma» y que la Fiscalía tenía 30 días para remitir el requerimiento acusatorio. Días después, el presidente de la Sala Penal y magistrado a cargo del caso, Carlos Eduardo Ortega, aclaró que el expediente no había sido devuelto ni rechazado, y que solo se había pedido al Ministerio Público informar dónde notificar a Morales y García Linera para abrir la fase preliminar.
La proposición acusatoria fue presentada el 9 de octubre ante la Fiscalía General por la bancada de Libre y luego remitida al TSJ para su control jurisdiccional. Si el Ministerio Público decide acusar, el Tribunal Supremo enviará los antecedentes a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que deberá autorizar o rechazar el inicio del juicio de responsabilidades con el voto de dos tercios de sus miembros.
El caso se remonta a la madrugada del 16 de abril de 2009, cuando un operativo policial en el Hotel Las Américas, en la ciudad de Santa Cruz, terminó con la vida del boliviano-húngaro Eduardo Rózsa Flores —señalado como cabecilla de un presunto grupo irregular—, del húngaro Árpád Magyarosi y del irlandés Michael Dwyer. El húngaro Elöd Tóásó y el boliviano-croata Mario Tadić sobrevivieron y fueron detenidos. La demanda se apoya en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concluyó que en ese operativo se registraron ejecuciones extrajudiciales.
Tras conocerse la decisión, Morales respondió que no tiene problemas en enfrentar la demanda e incluso señaló que evalúa no asumir su defensa. García Linera, en cambio, no se pronunció hasta el momento.
El exmandatario permanece desde noviembre de 2024 en una especie de «autoexilio» en el trópico de Cochabamba, en el Chapare, resguardado por sus bases, para evitar ser aprehendido en dos procesos pendientes: uno por trata y tráfico de personas y otro vinculado al bloqueo de caminos que se prolongó durante 53 días. García Linera, por su parte, mantiene un perfil bajo y reside en la ciudad de La Paz.