El exministro de Defensa Edmundo Novillo no irá a la cárcel de San Pedro, al menos por ahora. Un juzgado de La Paz dispuso este viernes 30 de octubre su detención domiciliaria dentro del denominado caso radares, el proceso que investiga presuntas irregularidades en la compra e implementación de un sistema de 13 radares a la empresa francesa Thales Air Systems, con un daño económico al Estado que la Contraloría calculó en más de Bs 1.478 millones.
La Fiscalía había pedido seis meses de detención preventiva en el penal de San Pedro, pero en la audiencia de medidas cautelares el juzgado rechazó esa solicitud y optó por el arresto en su domicilio mientras avanza la investigación. Novillo, que ocupó la cartera de Defensa durante el gobierno de Luis Arce, está imputado por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
La exautoridad se presentó de forma voluntaria a declarar el jueves 29 de octubre ante la Fiscalía de La Paz y, tras rendir su declaración, fue aprehendida. Pasó la noche en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) paceña, desde donde fue trasladada este viernes a los juzgados.
«Soy inocente completamente y me parece injusto todo lo que está sucediendo», afirmó Novillo al salir de las celdas policiales rumbo a su audiencia, según recogió El Deber. Un día antes, mientras era custodiado por policías, había sostenido que presentó «las pruebas legales y documentales» y que se puso a disposición de la justicia «por respeto», calificando su aprehensión de «injusta» y «forzada».
La denuncia penal fue presentada el 15 de octubre por el actual ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, con el respaldo de la Procuraduría General del Estado. El documento apunta a cuatro exministros de Defensa y a otras 15 personas, entre exfuncionarios, responsables técnicos y representantes de la empresa contratista.
Además de Novillo, figuran en la denuncia Reymi Ferreira y Javier Zavaleta, ambos ministros durante el gobierno de Evo Morales, y Fernando López Julio, quien estuvo al frente de esa cartera en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. Es decir, el caso alcanza a tres administraciones distintas.
El proyecto en cuestión es el Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta), contratado en agosto de 2016, en la gestión de Evo Morales, por más de 191 millones de euros. Contemplaba la instalación de siete radares militares y seis civiles, un centro de control de comunicaciones, infraestructura y transferencia tecnológica, con el objetivo de vigilar el espacio aéreo y frenar los vuelos irregulares vinculados al narcotráfico.
Según la denuncia del Ministerio de Defensa, sucesivas adendas al contrato ampliaron el plazo de entrega de los radares de 31 a 98 meses. Visión 360 reportó que, de los 13 equipos comprados, solo dos se encuentran plenamente operativos, casi una década después de la firma del contrato.
Con la detención domiciliaria, Novillo enfrentará el proceso desde su casa mientras la Fiscalía continúa con la investigación contra el resto de los denunciados. La situación de los otros tres exministros aún no ha sido definida.