El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, llevó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) los requisitos de ingreso al Colegio Militar del Ejército para la gestión 2027. La institución presentó una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta en la que pide declarar contrarias a la Constitución varias exigencias que, a su juicio, cierran la puerta a postulantes por su cuerpo y no por su capacidad.
La acción apunta a tres condiciones concretas: la estatura mínima, la alopecia y los tatuajes o marcas corporales. Para la Defensoría, se trata de barreras discriminatorias que vulneran derechos fundamentales de los jóvenes que aspiran a formarse como oficiales.
Entre los requisitos observados está la talla mínima de 1,65 metros para los varones y de 1,60 metros para las mujeres. Según el documento presentado ante el TCP, esa exigencia no tiene el respaldo técnico y jurídico necesario para demostrar que no alcanzar esa medida sea incompatible con la formación militar.
La Defensoría también impugna la inhabilitación automática de los postulantes con alopecia, sea congénita o adquirida, y la separación inmediata de quienes tengan tatuajes o marcas corporales por cutting.
El responsable de la Dirección Jurídica de la Defensoría del Pueblo, Heriberto Pomier, explicó que el cuestionamiento central es la falta de estudios técnicos, específicos y actuales que justifiquen la necesidad de estas exigencias morfológicas y estéticas para el desempeño de la carrera militar.
Pomier sostuvo que las disposiciones funcionan como mecanismos de descalificación automática que no diferencian entre una condición médica que realmente afecte la aptitud de una persona, sus simples características corporales y una exclusión discriminatoria. A su criterio, vulneran los principios constitucionales de igualdad, no discriminación, dignidad y libre desarrollo de la personalidad que reconoce la Constitución Política del Estado.
La institución respalda su pedido en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0260/2014, en la que el propio TCP estableció que las limitaciones de estatura en los institutos de formación restringen el derecho a la igualdad cuando no cuentan con una justificación técnica.
Callisaya informó, además, que solicitó la inaplicabilidad temporal de las disposiciones cuestionadas mientras dure el proceso de admisión de la gestión 2027, para que ningún postulante quede fuera por estas causas antes de que el Tribunal se pronuncie.
«Defendemos los derechos humanos y promovemos el acceso equitativo e inclusivo a la formación militar», remarcó la Defensoría del Pueblo. Ahora será el TCP el que deba decidir si los requisitos se mantienen o si el Colegio Militar tendrá que cambiar sus reglas de ingreso.