El Gobierno denunció este jueves 22 de octubre que dos exfuncionarios del área administrativa del Servicio Nacional Textil (Senatex) se transfirieron a sus propias cuentas bancarias más de Bs 4,6 millones del Tesoro General de la Nación (TGN), con el argumento de que ese dinero serviría para pagar a proveedores de la entidad. Los movimientos se registraron entre marzo y agosto de 2025, durante la gestión del expresidente Luis Arce.
La denuncia fue presentada en conferencia de prensa por el viceministro de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, Yamil García Delfín, quien explicó que el caso salió a la luz tras un rastreo financiero y patrimonial a los dos exservidores públicos. «En Senatex trabajaban dos personas que han sido denunciadas, estaban a cargo del área administrativa de la empresa; entre estas dos personas se detectaron movimientos económicos que superan los cuatro millones de bolivianos», señaló.
Según el informe oficial, uno de los exfuncionarios acumuló depósitos clasificados como «fuera de perfil» por Bs 3.880.309, mientras que el otro registró Bs 733.471. En conjunto, ambos montos suman más de Bs 4,6 millones. García precisó que ese dinero no corresponde a sueldos, salarios, aguinaldos, bonos ni viáticos, sino a abonos sin justificativo, sin descargo y sin una procedencia legítima.
El viceministro cuestionó con dureza la explicación que dieron los implicados. «Estas dos exautoridades de Senatex pretendían justificar estos movimientos, indicando que iban a hacer con ello pagos a proveedores. Si las instituciones públicas contratamos la provisión de un servicio, las instituciones tenemos que pagarles a los proveedores; no es que la institución se autodeposita a sus funcionarios y ellos van a ir entregando de manera individual», remarcó.
El caso será llevado ante el Ministerio Público por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas. La autoridad no descartó ampliar la causa por legitimación de ganancias ilícitas ni convocar a otras personas si se identifican responsabilidades a nivel gerencial, ejecutivo u operativo dentro de la entidad textil. Hasta el momento, el Gobierno no reveló los nombres de los dos exfuncionarios denunciados.
En la misma conferencia, García informó sobre una segunda denuncia en la Aduana Regional de Potosí. De acuerdo con la investigación, el 15 de septiembre de 2025 se permitió el paso de 48 camiones con mercadería sin documentación desde Villazón hacia Potosí, a cambio de cobros de Bs 1.000 por camión y Bs 500 por cada vehículo Nissan Cóndor. «Fuimos más allá. Les hicimos un rastreo económico a estas personas y hemos encontrado que no fueron solo 48 mil bolivianos, sino que entre los casos se superan más de medio millón de bolivianos que se fueron acumulando de extorsión en extorsión, de cobro en cobro», afirmó.
En ese caso fueron denunciados por enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas un exgerente regional, un exresponsable de la Unidad de Control Operativo Estratégico (UCOE) y un exagente del Control Operativo Aduanero (COA), con montos observados de Bs 554.751, Bs 166.425 y Bs 69.515, respectivamente. Sumando ambos casos, el daño identificado por el Viceministerio supera los Bs 5 millones.
García, quien además es el Representante Gubernamental para la Lucha Contra la Corrupción, aseguró que hacer públicas estas denuncias busca demostrar que la ciudadanía puede denunciar hechos irregulares y que cada caso será investigado. La lucha contra la corrupción, insistió, es una de las prioridades del Gobierno nacional.