El Gobierno no piensa ceder ante la presión del magisterio urbano. El ministro de Educación, Erick Sanjinés, advirtió este miércoles que se descontarán los días no trabajados a los maestros que acaten el paro nacional de 48 horas convocado para el lunes 9 y el martes 10 de noviembre, mientras los docentes ya cumplen su segundo día con piquetes de huelga de hambre en distintas regiones del país.
«Nosotros como autoridades estamos obligados a cumplir la ley, en este caso existe el decreto supremo que claramente define que día no trabajado es día no pagado», afirmó la autoridad. El ministro se refirió al Decreto Supremo 23968, que establece descuentos a los trabajadores por cada jornada no trabajada, y ya había calificado de «ilegal» y «político» el paro anunciado por el sector.
Huelga de hambre de Pando a Tarija
Desde el martes, la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) instaló piquetes de huelga de hambre indefinida en ciudades como La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Cobija, Trinidad, Riberalta, Guayaramerín, Yacuiba y Vallegrande, entre otras localidades, con distinto número de participantes.
El magisterio exige un incremento salarial acorde a la canasta familiar, el respeto al escalafón nacional, la abrogación de los que llama «decretos del hambre», como los D.S. 5716 y 5750, y rechaza la descentralización de los institutos técnicos y tecnológicos hacia las gobernaciones, una medida que, según los dirigentes, abriría la puerta a la privatización de la educación.
La VI Conferencia Nacional Extraordinaria de la CTEUB fijó una hoja de ruta que incluye vigilias permanentes este miércoles y jueves, marchas simultáneas en sus 31 federaciones con actos de crucifixión simbólica el viernes 6 de noviembre y, finalmente, el paro de 48 horas con movilizaciones activas la próxima semana. Además, instruyó a sus federaciones sellar alianzas con otros sectores movilizados para «unificar la lucha en un solo frente».
«Por 35 profesores quieren perjudicar a 800.000 niños»
Sanjinés sostiene que las movilizaciones responden a una campaña de desinformación. Como ejemplo citó el caso de Santa Cruz, donde, según sus datos, los institutos técnicos tienen alrededor de 620 docentes, de los cuales solo 35 tienen título de profesor. «Por 35 profesores que trabajan en los institutos técnicos tecnológicos, la dirigencia quiere perjudicar a 800.000 niños, que es la matrícula que tiene el departamento de Santa Cruz», cuestionó.
La propuesta del Gobierno consiste en transferir a las gobernaciones la administración de los institutos técnicos, tecnológicos, lingüísticos y artísticos junto con el presupuesto que hoy manejan. De acuerdo con el ministro, esos institutos cuestan al país unos Bs 451 millones al año; solo en Santa Cruz se habla de Bs 63 millones para 32 institutos. El presidente Rodrigo Paz ha insistido en que la educación seguirá siendo «única, fiscal y gratuita».
El diálogo, roto desde el 30 de octubre
El ministro recordó que el 30 de octubre hubo un «rompimiento unilateral» del diálogo por parte de dirigentes del magisterio, que abandonaron la reunión sin dejar que se explicara la propuesta. Tras ello, el viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, envió una carta al sector para invitarlo a retomar las conversaciones, junto con el anteproyecto de ley sobre el cambio de administración de los institutos.
«Nosotros vamos a seguir insistiendo con el diálogo, a tratar de construir con ellos», afirmó Sanjinés, quien anunció que en los próximos días organizará una mesa departamental en Santa Cruz con la Gobernación, representantes de los institutos y el magisterio cruceño, y que se gestiona una mesa nacional con distintos actores.
Con los piquetes de huelga en pie y el paro de 48 horas en el calendario, las clases de más de dos millones de estudiantes quedan en el medio de un pulso en el que ninguna de las partes parece dispuesta a dar el primer paso atrás.