La situación de Rómer Saucedo dio un giro radical este miércoles. El Ministerio Público confirmó que existe una orden de aprehensión vigente contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal, en una investigación abierta por fiscales antinarcóticos de La Paz.
El dato que más llama la atención es la fecha: la resolución fiscal está fechada el martes 3 de noviembre, es decir, un día antes de que el magistrado anunciara por redes sociales que había abandonado Bolivia junto a su esposa y sus tres hijos y que se declaraba en el exilio por temor a perder su libertad y su vida.
«La orden está corriendo»
El fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste, salió a confirmar la existencia del documento luego de que se difundiera en medios. «Efectivamente, se ha librado la orden que está corriendo; no sé por dónde se ha filtrado, pero es efectiva, la han emitido los fiscales del caso», declaró la autoridad.
Urioste explicó que el caso fue declarado en reserva temporal porque existen testigos protegidos, por lo que evitó brindar mayores detalles sobre los hechos investigados. No descartó que en los próximos días se realicen allanamientos. En otra declaración citada por Erbol, el fiscal general se refirió al delito como asociación delictuosa.
Sobre el paradero del magistrado, el titular del Ministerio Público indicó que recibió información de que Saucedo habría salido por tierra y que incluso habría sido visto en una ciudad de Brasil, aunque aclaró que ese dato todavía se verifica. «Hay un dicho en el Beni que dice: ‘El diablo sabe a quién le aparece’. Y yo creo que él tomó sus previsiones», ironizó.
Qué dice la resolución fiscal
El requerimiento lleva la firma de la comisión de fiscales integrada por Daniel Portales Barja y Edwin Alfonso Sarmiento Valdivia, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Medioambientales y Pérdida de Dominio de La Paz. En su parte resolutiva dispone la aprehensión de Saucedo con base en el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal.
Según el documento, al que accedieron El Deber y la agencia estatal ABI, existen indicios para considerar que el presidente del TSJ «es con probabilidad autor del hecho investigado». Los fiscales encuadran el caso en el artículo 48 de la Ley 1008, sobre tráfico de sustancias controladas, que prevé penas de 10 a 25 años de presidio, y en el artículo 132 bis del Código Penal, referido a organización criminal.
Para justificar la medida, la comisión fiscal invoca los artículos 234 y 235 del Código de Procedimiento Penal, sobre riesgo de fuga y de obstaculización. Argumenta que Saucedo no habría acreditado con documentos idóneos su domicilio ni su fuente laboral en el país, lo que le permitiría abandonar Bolivia, y que podría ocultarse, destruir pruebas o influir en testigos.
Alerta migratoria e Interpol
Antes de que se conociera la orden, Urioste había reconocido que existían al menos dos o tres investigaciones abiertas contra Saucedo en Santa Cruz y anunció gestiones para una alerta migratoria y una eventual notificación roja de Interpol, mecanismo que requiere documentación judicial para su publicación.
Por la mañana, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, había señalado que el magistrado no tenía alerta migratoria ni arraigo cuando se conoció su salida, y que Migración investiga la ruta que utilizó para dejar el país. Ninguna autoridad confirmó oficialmente su ubicación.
Una decana al mando del TSJ
Mientras tanto, el Tribunal Supremo se reorganizó. La decana Rosmery Ruiz Martínez asumió de manera temporal la presidencia del máximo tribunal, en aplicación del artículo 39 de la Ley del Órgano Judicial (Ley 025), que encarga la conducción al magistrado con más años de experiencia profesional ante la ausencia o impedimento del titular.
«Ante la ausencia temporal del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, asume la decana el ejercicio de la presidencia de manera temporal. Así lo vamos a hacer», explicó Ruiz en conferencia de prensa. La Sala Plena dio a Saucedo un plazo de seis días para retomar funciones; si no lo hace, su lugar como magistrado lo ocuparía su suplente, Miriam Rosell Terrazas, electa por Santa Cruz con 717.681 votos.
La magistrada también se refirió a la polémica por los vehículos de lujo incautados al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset que fueron vistos frente al edificio del TSJ. Según Ruiz, una vagoneta BMW con placa 6236 IYL ingresó al Órgano Judicial en 2023 en calidad de comodato a la Dirección Administrativa Financiera (DAF) de Santa Cruz, que después la asignó para uso de Saucedo. En ese entonces los bienes estaban bajo custodia de la Fiscalía cruceña, dirigida por Róger Mariaca.
El exilio y la sombra del caso Mariaca
En su mensaje publicado en Facebook, Saucedo aseguró que «Bolivia dejó de ser un país seguro», denunció persecución del poder político, afirmó que no tenía procesos abiertos al momento de su salida y sostuvo que se estaban construyendo acusaciones en su contra. También dejó claro que su exilio no significa una renuncia al cargo que obtuvo por voto popular.
La salida del magistrado se produce semanas después de que el exfiscal general Róger Mariaca fuera destituido y enviado a la cárcel por su presunto vínculo con el crimen organizado, un caso con el que autoridades del Gobierno ya relacionaron al presidente del TSJ. Con la orden de aprehensión en curso, la Fiscalía deberá ahora definir los pasos para lograr su comparecencia, dentro o fuera del país.