El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, rompió el silencio sobre lo que vivió durante las elecciones subnacionales de 2026. A través de una extensa publicación en sus redes sociales, denunció que la alianza Libre —la del expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, con la que llegó a la Gobernación— sufrió amenazas, presiones familiares y lo que calificó como “verdaderos actos de extorsión política, judicial” para sacarla de la contienda en San Ignacio de Velasco.
La denuncia llega un día después de que el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Ismael Quezada, aprehendido el miércoles 11 de noviembre en el marco del denominado caso maletas, declarara ante la Fiscalía y atribuyera al prófugo expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, maniobras para influir en decisiones judiciales y en procesos electorales.
“Nos amenazaron con quitarnos toda la sigla”
Según el relato del gobernador, el episodio más grave ocurrió en San Ignacio de Velasco. “Nos amenazaron con quitarnos toda la sigla de LIBRE si inscribíamos a Christian Méndez como candidato a alcalde”, contó. Pese a la advertencia, Libre registró a Méndez, pero su candidatura fue inhabilitada por una observación a su certificado de idioma nativo que, de acuerdo con Velasco, “había sido presentado en tiempo y forma”.
Méndez acudió a la justicia y su caso terminó en juzgados de La Guardia y El Torno, los mismos que Quezada mencionó en su declaración como parte de la trama para manipular decisiones judiciales. El gobernador añadió que ambos viajaron a La Paz para denunciar el hecho ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y buscar el respaldo de diputados y senadores, pero la inhabilitación se mantuvo.
Luego, siempre según su versión, llegaron nuevas amenazas para que Libre no inscribiera a otro postulante. La agrupación lo registró de todos modos y su nombre apareció en la lista oficial de habilitados, pero fue retirado a las 23:30 por una decisión que Velasco atribuyó a La Paz. “Así fue como nos quitaron la posibilidad de competir electoralmente. No fue por falta de voluntad, ni por falta de candidatos. Fue después de una serie de amenazas y decisiones que deben investigarse hasta las últimas consecuencias”, sostuvo.
Presiones que llegaron a su familia
El gobernador afirmó que las presiones alcanzaron también su entorno familiar. “Me advirtieron que utilizarían sus influencias en la justicia para manipular un proceso judicial en el que estaba involucrada una familiar mía, con el objetivo de que perdiera el juicio y terminara presa”, relató, según recogió Visión 360. Aseguró que, con la ayuda de “ciertos abogados” y de “un grupo de poder económico”, lograron “enmanillar” a su familiar “solamente por no haber cedido”, y prometió revelar esos nombres.
“Y no se trata de rumores. Hablo de hechos que vivimos personalmente, de denuncias que presentamos y de pruebas que estamos dispuestos a poner a disposición de las autoridades”, remarcó.
Ministros, banqueros y el argentino de Chonchocoro
Sin dar nombres por ahora, Velasco señaló que en esas presiones estuvieron involucrados operadores judiciales, empresarios importantes de la banca, ministros actuales, exautoridades y excandidatos a gobernador. También apuntó al consultor argentino Fernando Cerimedo, exasesor del Gobierno que hoy está recluido en la cárcel de Chonchocoro. De acuerdo con la publicación citada por Visión 360, Cerimedo “personalmente llamó a muchas autoridades del TSE para inhabilitar a todo LIBRE, y el presidente del TSE no cedió a estas amenazas”.
“Lo que denunciamos no se limita a la posible manipulación de la justicia. También exigimos que se investigue a todos los presuntos cómplices, independientemente de su poder económico o político: excandidatos a gobernador, ministros, viceministros, operadores judiciales y el ciudadano argentino preso en Chonchocoro”, afirmó. Y cerró: “Que se investigue todo. Que se conozcan los nombres. Que se establezcan las responsabilidades. Y que nadie, absolutamente nadie, esté por encima de la ley”.
Lo que dijo Quezada
En su declaración, Quezada sostuvo que Saucedo “movió cielo, mar y tierra para que su tío sea alcalde de San Ignacio de Velasco. Siendo el tercero, tuvo que bajar a dos competidores”. Según El Deber, el exvocal afirmó que un amparo anuló la sigla de la agrupación ASIP y la dejó fuera de la elección, y mencionó una presunta coordinación con el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila. El TSE informó que Ávila se encuentra fuera del país en una tarea institucional y hasta el momento no se pronunció sobre esas afirmaciones.
Las subnacionales del 22 de marzo en San Ignacio de Velasco ya habían estado marcadas por la polémica: además de la exclusión de ASIP y la inhabilitación de Méndez, en varios recintos se distribuyeron papeletas de la provincia Andrés Ibáñez en lugar de las de Velasco, lo que provocó protestas, la suspensión del voto y la anulación de la votación departamental en 98 mesas, según el informe de observación de la OEA. El Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz dispuso repetir la elección de gobernador el 5 de abril.
“La justicia no puede ser un instrumento de extorsión política ni un negocio de grupos de poder económico. La justicia debe proteger al ciudadano, garantizar sus libertades y defender sus derechos”, concluyó Velasco, quien anunció que seguirá haciendo públicas nuevas denuncias y pruebas.