El sector de la construcción se levantó de la mesa. El Bloque de la Construcción declaró este lunes «inefectivas» las instancias de diálogo con las autoridades sectoriales del Gobierno, rechazó seguir participando en mesas técnicas sin capacidad de decisión y exigió que el presidente Rodrigo Paz asuma de manera directa y personal la atención de la crisis que golpea a las empresas constructoras y a sus trabajadores.
El pronunciamiento, difundido mediante un comunicado el lunes 9 de noviembre, lleva el respaldo de las cuatro organizaciones que forman el bloque: la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), el Colegio de Arquitectos de Bolivia (CAB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Construcción de Bolivia (CSTCB). Es decir, empresarios, profesionales y obreros hablan esta vez con una sola voz.
«Un carácter dilatorio»
Según el documento, las reuniones mantenidas en los últimos meses con ministros, e incluso con el propio mandatario, no se tradujeron en medidas de aplicación inmediata. Las instituciones firmantes sostienen que esas mesas de trabajo adquirieron «un carácter dilatorio que ha contribuido a profundizar la crisis de la construcción nacional» y condicionan cualquier retorno a la negociación a soluciones concretas, mecanismos de ejecución inmediata y garantías de cumplimiento.
El blanco principal de las críticas es el Decreto Supremo 5597, aprobado por el Gobierno para corregir el desequilibrio económico de los contratos de obra pública. Para el bloque, se trató de una salida «esencialmente paliativa, cuya aplicación práctica resultó inviable para resolver integralmente la problemática del sector»: las trabas operativas y administrativas impidieron que las empresas accedan al reajuste y dejaron a muchas de ellas expuestas a costos extraordinarios y a obligaciones que consideran insostenibles.
El pliego: fórmula polinómica, diésel y pago de deudas
La demanda central es un mecanismo permanente de reajuste de precios. «Exigimos un mecanismo permanente de reajuste de precios, mediante fórmula polinómica que incluya todos los componentes e insumos», señala el comunicado. La fórmula debe basarse en índices oficiales y contemplar materiales, mano de obra, combustibles y costos de operación de equipos, y aplicarse tanto a los contratos en ejecución como a los futuros, en lugar de ajustes excepcionales.
El sector también pide la aplicación inmediata del DS 5597 mediante contratos modificatorios para las obras en curso y que sus alcances se amplíen a los contratos firmados después de su promulgación; la actualización obligatoria de los presupuestos referenciales con precios de mercado vigentes en el lugar de la obra; y que YPFB garantice el diésel para la obra pública o, en su defecto, se reconozca el costo real del combustible importado. A ello suma el reconocimiento del diferencial cambiario en los componentes importados y dolarizados.
En el frente financiero, los constructores reclaman «un cronograma cierto y vinculante» para el pago de las planillas adeudadas por el Estado, ampliaciones de plazo sin multas cuando los retrasos se deban a la escasez de combustible o de insumos, y medidas financieras para reactivar la actividad.
Un sector que se achica
La ruptura llega en medio de una fuerte contracción. A fines de septiembre, Caboco advirtió, con base en el Reporte de Inflación y Política Monetaria del Banco Central de Bolivia (BCB), que el Producto Interno Bruto de la construcción cayó 27,3% en el primer semestre de 2026, después de haber retrocedido 13,6% en 2025. El golpe se agravó con el retiro de la subvención al diésel, cuyo precio pasó de Bs 9,80 a Bs 17,95 por litro, un alza del 83%.
Las cámaras departamentales calculaban entonces que ejecutar una obra cuesta entre 50% y 60% más que hace un año, en contratos firmados cuando el diésel valía Bs 3,72 y el dólar estaba fijo en Bs 6,96. «La información que tenemos de nuestras asociadas es prácticamente que más del 70% están paralizadas, aguardando que se haga efectivo el reajuste de precios», advirtió en esa oportunidad el presidente de la Cámara Departamental de la Construcción de La Paz, Martín Zurita. Su par de Santa Cruz (Cadecocruz), Eduardo Rodas Herrera, pidió un nuevo decreto «pero no una copia» del DS 5597.
«Ahora corresponde al Estado decidir»
El bloque advierte que la crisis compromete la inversión pública, la ejecución de infraestructura, la estabilidad de las empresas y miles de fuentes de empleo de profesionales y trabajadores, por el efecto transversal que tiene la construcción sobre la industria nacional, los servicios y otras cadenas productivas. Por ello, ratificó el estado de emergencia nacional del sector y anunció que coordinará con sus cámaras departamentales, empresas afiliadas, colegios profesionales y trabajadores las «medidas institucionales y legales» que correspondan.
«La construcción boliviana ha cumplido con su responsabilidad de proponer y dialogar. Ahora corresponde al Estado cumplir con su responsabilidad de decidir y resolver», concluye el comunicado, que cierra con una advertencia directa al Gobierno: «Sin soluciones concretas no existen condiciones para retomar el diálogo». Hasta el cierre de esta edición, el Ejecutivo no se había pronunciado sobre la ruptura.