El Gobierno sacó pecho por su lucha antidroga. «Estamos ganando la guerra contra el narcoterrorismo», aseguró este lunes el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, al presentar mediante un video el balance del primer año de gestión de su cartera, en el que reportó 402 toneladas de droga secuestradas, 83 aeronaves incautadas y 2.682 personas aprehendidas.
Las cifras corresponden al periodo comprendido entre el 8 de noviembre de 2025, cuando el presidente Rodrigo Paz asumió el mando, y el 25 de octubre de 2026. «Se acabó la impunidad y la protección al delito. Ahora en Bolivia atrapamos a los peces gordos del narcotráfico internacional», remarcó la autoridad.
Los números del balance
Según el informe, en ese lapso se ejecutaron 9.417 operativos que permitieron el secuestro de las 402 toneladas de sustancias controladas, la destrucción de 39 laboratorios de cristalización, 515 fábricas de droga y 16 pistas clandestinas, además del secuestro de 791 vehículos. El Ministerio de Gobierno calcula que el golpe económico a las organizaciones del narcotráfico supera los 132 millones de dólares.
El dato que más resaltó Oviedo fue el de las aeronaves. «Pasamos de 9 avionetas secuestradas del narcotráfico en la gestión anterior del año 2025 a 83 aeronaves secuestradas en nuestro primer año de gestión», subrayó. El salto es notorio incluso frente al corte que la Oficina del Presidente difundió el domingo para los primeros ocho meses de gobierno, cuando se hablaba de 283 toneladas de droga, 58 avionetas y 573 vehículos decomisados.
Marset, «un golpe histórico»
El ministro presentó la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset como el hecho más relevante del año. Recordó que era requerido por la justicia de varios países y que figuraba entre los tres narcos más buscados del mundo por la DEA estadounidense. Según Oviedo, Marset vivía en Bolivia «como si fuera su paraíso», en mansiones con vehículos blindados, «gracias a la impunidad que le brindaban exautoridades del Gobierno en complicidad con algunos jueces, fiscales y policías», y contaba con un anillo de seguridad formado por exmilitares colombianos y exguerrilleros de las FARC.
Marset fue detenido el 13 de marzo de 2026 en Santa Cruz, en un operativo de la Policía boliviana con apoyo de la DEA, y luego expulsado a Estados Unidos. A él se suman, de acuerdo con el balance, más de 20 «peces gordos» de organizaciones criminales internacionales aprehendidos en el país, entre ellas el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho de Brasil, el Primer Cartel Uruguayo (PCU), Los Espartanos de Colombia y Los Pulpos de Perú. «Nuestra patria nunca más será refugio de estos delincuentes», afirmó.
Bloqueos, Fiscalía y fronteras
En el mismo informe, Oviedo sostuvo que el Gobierno derrotó «un golpe de Estado financiado por narcoterroristas», al que atribuyó los 53 días de bloqueos que, según dijo, causaron pérdidas superiores a los 3.000 millones de dólares. Añadió que la Policía secuestró al menos ocho millones de bolivianos destinados a sostener esas movilizaciones.
El ministro también repasó la investigación a la presunta red que operaba desde la Fiscalía General del Estado, que el 30 de septiembre llevó a la aprehensión del exfiscal general Róger Mariaca y del exfiscal departamental de Santa Cruz Alberto Ceballos. En ese caso, detalló, se realizaron 33 allanamientos y se secuestraron cinco inmuebles, 46 vehículos, más de cinco millones de bolivianos, 407.000 dólares y cuatro armas de grueso calibre.
En el plano internacional, destacó la incorporación de Bolivia al Escudo de las Américas, la presidencia pro tempore del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior (CLASI), que agrupa a 16 países, y los acuerdos de coordinación policial con Chile y Brasil. Como resultado de los planes Fronteras Seguras y Fronteras Seguras 2.0, mencionó la desarticulación de una presunta red de sicariato en San Ignacio de Velasco, con seis extranjeros aprehendidos a los que vincula con el Comando Vermelho.
Las cifras forman parte del balance oficial del Ministerio de Gobierno y no fueron contrastadas por una fuente independiente. «No nos amedrentan. No vamos a retroceder», cerró Oviedo, quien aseguró que el Gobierno busca reconstruir la institucionalidad de la Policía Boliviana y reducir la influencia política en la carrera policial.