Los trabajadores del sector salud acatan este jueves 5 de noviembre de 2026 un paro nacional de 24 horas en demanda del pago del bono viático de vacunación correspondiente a la gestión 2026. La medida, impulsada por la Confederación Sindical de Trabajadores en Salud Pública de Bolivia (CSTSPB), deja en los hospitales públicos la atención habitual suspendida o reducida y garantiza, en lo esencial, solo los servicios de emergencia.
Según reportes del sector difundidos por Red Uno, el conflicto alcanza a más de 20.000 trabajadores a escala nacional. En Santa Cruz, la representación sindical denuncia que las autoridades adeudan más de Bs 20 millones por este beneficio a más de 5.000 funcionarios. La dirigente Esther Ortuste cuestionó la falta de respuestas y advirtió que, si durante la jornada no hay una definición clara, la protesta podría extenderse al viernes 6 de noviembre con una segunda jornada de alcance departamental.
En el Hospital San Juan de Dios de Santa Cruz, pacientes que llegaron por consultas se encontraron con la suspensión de servicios. Una mujer que viajó desde La Colorada reclamó la falta de información visible: pidió carteles claros para no esperar en vano. Otra paciente, cuyo hijo fue derivado desde el centro de salud San Carlos por tos e irritación de garganta, se enteró del paro recién al llegar y expresó temor por el estado de salud del menor.
En La Paz, el director de atención médica del Hospital de Clínicas indicó que el paro se limita a este jueves y descartó, por ahora, una ampliación en ese nosocomio. “Lastimosamente nos hemos visto afectados y no podemos atender a la población como cotidianamente se hace, pero el Hospital ha tomado previsiones en casos de emergencias”, señaló en contacto con RTP. El establecimiento prioriza emergencias, oncología y oncohematología, e intenta sostener la atención de pacientes que llegan desde provincias.
El nudo del conflicto es la responsabilidad del desembolso entre el Ministerio de Salud y las gobernaciones departamentales. La Ley N.º 1771, promulgada el 30 de septiembre de 2026, reordenó obligaciones vinculadas al bono de vacunación; el sector sostiene que el Gobierno central asumió compromisos que no se cumplieron en los plazos anunciados, mientras desde el nivel nacional se ha argumentado prorrateos y responsabilidades compartidas con las gobernaciones para la gestión 2026.
En Tarija, el ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores de Salud Pública, Armando Jerez, confirmó el acatamiento de la convocatoria nacional. Remarcó que el beneficio se paga una sola vez al año y que debió cancelarse alrededor del Día del Trabajador de Salud (6 de julio). “El trabajador lo que quiere es que se cumpla la ley”, afirmó, y advirtió que, tras la evaluación nacional y departamental, no se descarta escalar a un paro de 48 horas u otras medidas si no hay respuesta.
Mientras el Ministerio de Salud y las gobernaciones se disputan quién debe pagar, los establecimientos públicos mantienen abiertas las emergencias y, según el caso, servicios críticos como laboratorio, cirugías o hemodiálisis con personal profesional. Para miles de pacientes, sin embargo, la jornada implica demoras, consultas suspendidas y la incertidumbre de si el paro se cerrará este jueves o se prolongará mañana viernes.