El Gobierno se alista para dar el primer golpe de tijera al aparato empresarial del Estado. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, informó este sábado 31 de octubre que el Ejecutivo se encuentra en la recta final de los trámites legales para cerrar las primeras empresas públicas consideradas inviables y que la intención es dar a conocer las primeras decisiones antes de que concluya 2026.
«Estamos culminando las partes legales para dar las primeras señales en este año de cuáles son las primeras empresas que se van cerrando», declaró la autoridad en una entrevista con el programa ¡Qué Semana!, de El Deber. Sin embargo, Morales no reveló qué compañías encabezan la lista, cuántas serán cerradas en esta primera etapa ni cuánto dinero dejaría de gastar el Estado en sostenerlas.
El anuncio llega un día después de que el Ejecutivo entregara a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2027, que contempla un presupuesto consolidado de Bs 335.140 millones y uno agregado de Bs 411.244 millones. Uno de sus objetivos centrales es reducir el déficit fiscal al 6,7% del Producto Interno Bruto (PIB), frente a la meta de 9,2% fijada en el presupuesto reformulado de 2026.
Morales explicó que el PGE 2027 todavía incluye recursos para las empresas que están bajo evaluación, porque mantienen su existencia jurídica y siguen formando parte de la estructura presupuestaria. Aclaró, no obstante, que esa asignación no obliga a gastar el dinero si las compañías finalmente se cierran. «Si bien en el presupuesto están incorporadas, esto no quiere decir que al momento de que se cierren el presupuesto se tiene que sí o sí ejecutar», puntualizó.
Para el ministro, la liquidación de las estatales deficitarias abrirá un margen adicional para el ajuste de las cuentas públicas. «Esto te va a permitir aún más achicar este 6.7% de déficit fiscal», aseguró. Según explicó, la reducción del déficit se apoya en un menor gasto corriente, la revisión de inversiones consideradas poco eficientes y mayores ingresos por la venta de hidrocarburos. «Somos más eficientes y tenemos una calidad de gasto», sostuvo.
La decisión se apoya en la evaluación realizada por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP). De acuerdo con datos oficiales difundidos este año, de 67 empresas públicas evaluadas, 24 registraron pérdidas en la gestión 2025 y siete presentaron patrimonio negativo. Posteriormente, la OFEP identificó al menos 20 compañías cuyas pérdidas acumuladas superan su patrimonio, un indicador de serias dificultades financieras que, sin embargo, no determina por sí solo su cierre.
El director ejecutivo de la OFEP, Pablo Camacho García, detalló el pasado jueves 29 de octubre, en declaraciones recogidas por Panamericana, que entre las empresas en estado crítico figuran Yacana, la ensambladora de computadoras Quipus, la Empresa Azucarera San Buenaventura, la Empresa Metalúrgica Karachipampa y Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Según explicó, la evaluación ya fue aprobada por el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (COSEEP) y ahora son los siete ministerios cabeza de sector los que deben decidir, caso por caso, si cada empresa se reestructura, se disuelve o se liquida.
El marco legal para estos cierres es el Decreto Supremo 5727, aprobado en septiembre, que establece los procedimientos para la reorganización, disolución y liquidación de las empresas públicas del nivel central del Estado. Las compañías creadas por ley, sin embargo, podrían requerir pasos adicionales e incluso pasar por la Asamblea Legislativa.
No es la primera vez que el ministro adelanta cierres. A comienzos de octubre, Morales había dicho en Red Uno que «en un par de semanas» se harían públicos los nombres de las primeras cuatro o cinco empresas que dejarían de estar en el presupuesto, y advirtió entonces que uno de los mayores obstáculos son las deudas con las que nacieron muchas de ellas. «Lamentablemente, gran parte de las empresas han nacido con deudas y tenemos que ver qué hacemos con esas deudas», señaló en aquella oportunidad. Hasta ahora, esa lista sigue sin conocerse.
Mientras el Gobierno define los nombres, la incertidumbre crece entre los trabajadores de las estatales observadas: el Decreto 5727 no fija indemnizaciones, beneficios sociales ni mecanismos de reubicación para el personal, y, según reportó El Post a mediados de octubre, la Federación de Mineros ya se declaró en emergencia ante el riesgo de perder su fuente laboral.