El vocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) del Beni, Charles Mejía, puso este lunes 9 de noviembre una nueva pregunta incómoda sobre la mesa del Órgano Judicial: ¿quién pagó los aviones? Mejía reveló que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, hoy fuera del país, y el presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, llegaron a Trinidad en vuelos chárter privados en enero de este año, y exigió que Spencer explique de dónde salió el dinero.
La denuncia coincide con las declaraciones del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien afirmó también este lunes que la presunta estructura delictiva atribuida al exfiscal general Roger Mariaca y a Saucedo tiene ramificaciones en juzgados, fiscalías y en el propio Consejo de la Magistratura, y que esos vínculos ya están bajo investigación.
Dos bimotores para inaugurar el año judicial
Según el relato de Mejía, el 9 de enero de 2026 Saucedo y Spencer viajaban a Trinidad para la inauguración del año judicial en el Beni. Sus vuelos comerciales de la aerolínea Ecojet se cancelaron y, en lugar de reprogramar, las autoridades llegaron por la tarde en dos aviones bimotor, junto a otras altas autoridades judiciales y fiscales.
«¿Quién pagó los vuelos? ¿De quién eran los aviones? Creo que es hora de que Carlos Spencer responda», escribió el vocal en sus redes sociales. En otra publicación insistió en que «todo debe salir a la luz» y pidió al Ministerio Público que aclare quién asumió el costo de esos traslados.
De acuerdo con datos difundidos por Mejía y recogidos por medios del Beni y de Sucre, un vuelo privado entre Cochabamba y Trinidad cuesta entre Bs 45.000 y Bs 50.000, según la empresa y el tipo de aeronave. El vocal recordó además que el Presupuesto Operativo Anual del Órgano Judicial no autoriza el uso de aviones privados para el traslado de magistrados, por lo que pidió a Spencer aclarar si fue el Consejo de la Magistratura el que corrió con los gastos.
Las sospechas sobre los dueños de las avionetas
En su denuncia, Mejía deslizó la sospecha de que una de las aeronaves podría estar vinculada al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, y sostuvo que los bimotores estaban estacionados en pistas relacionadas con él según operativos policiales recientes en Santa Cruz. Otras versiones del propio ámbito judicial apuntan, en cambio, a que la avioneta pertenecería a Emilio José Arredondo, representante distrital del Consejo de la Magistratura en Santa Cruz y persona cercana a Spencer. Ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente y, hasta el cierre de esta nota, Spencer no se había pronunciado.
Hasta ahora, el presidente de la Magistratura no había sido relacionado públicamente con Saucedo en las investigaciones en curso. Mejía mantiene una relación tensa con el presidente del TSJ: fue removido de la presidencia del TDJ del Beni tras sus diferencias con Saucedo y, en 2024, había sido señalado por los fallos que, desde una sala constitucional, terminaron suspendiendo parcialmente las elecciones judiciales en varios departamentos, entre ellos Tarija.
Oviedo: «Es una red que tiene tentáculos»
Mientras tanto, el ministro Oviedo aseguró que la organización que se habría armado en torno a Mariaca para proteger al narcotráfico y extorsionar desde las más altas esferas del Ministerio Público no se limitaba a la Fiscalía. «Esta es una red que tiene tentáculos y conexiones con muchos jueces, fiscales, incluso con el Consejo de la Magistratura. Estamos investigando eso», afirmó en una entrevista televisiva.
El Consejo de la Magistratura, con sede en Sucre, es la instancia del Órgano Judicial encargada de la administración, el control, la fiscalización y el régimen disciplinario de los jueces y del personal de apoyo del sistema de justicia, es decir, la entidad que debería vigilar precisamente a los operadores de justicia.
Oviedo volvió a señalar a Mariaca y a Saucedo como presuntos autores intelectuales, financiadores y responsables de dar cobertura al traslado de las 31 maletas traídas desde Estados Unidos, y consideró que ambos deben ser incorporados como procesados en ese caso. Aclaró, sin embargo, que la definición de responsabilidades penales corresponde a la Fiscalía y a los jueces, no al Ejecutivo, aunque advirtió que el Gobierno estará atento a su trabajo.
Del caso Marset a la huida de Saucedo
El hilo de esta trama comenzó con la captura de Sebastián Marset, el 13 de marzo de 2026, en Santa Cruz. Antes de ser expulsado a Estados Unidos, el narcotraficante se refirió a Mariaca como un «amigo» y aseguró que le pagaba fuertes sumas de dinero, al igual que al exministro Eduardo del Castillo, para permanecer en Bolivia.
Mariaca fue detenido el 30 de septiembre y enviado a la cárcel por presuntos vínculos con el narcotráfico y organización criminal. El 4 de noviembre, Saucedo anunció en sus redes sociales que había salido del país junto a su familia, alegando riesgos para su vida y su libertad, y se declaró en el exilio. Después se conoció que pesaba en su contra una orden de aprehensión por los mismos delitos.
Tras esa salida, la exdiputada Laura Rojas declaró que las más de 30 maletas que trajo desde Estados Unidos pertenecían a Mariaca, y el exjuez Hebert Zeballos sostuvo que en el equipaje había marihuana procesada de alto valor en el mercado brasileño. Ahora, la pregunta de Mejía sobre los vuelos a Trinidad abre un nuevo frente que apunta directamente a la cúpula de la Magistratura.