La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) intervino la tarde de este miércoles 21 de octubre las oficinas de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), en la zona de Sopocachi de La Paz, tras denuncias de presuntos cobros a funcionarios a cambio de mantener sus puestos de trabajo.
La diputada de Alianza Libre Cecilia Vargas, que llegó hasta las instalaciones, explicó que las denuncias se recibieron por vía telefónica y que algunos trabajadores habrían sido obligados a entregar medio sueldo o un sueldo completo para conservar sus contratos o la designación de ítems. “Los cobros que se pidieron eran de la mitad del sueldo o de todo el sueldo”, afirmó.
“Se ha recibido denuncias respecto al cobro de dinero por conservar el puesto de trabajo en la AISEM; he venido acá al lugar, acá está la FELCC, están haciendo la investigación correspondiente y voy a fiscalizar todo el proceso; también va a intervenir Transparencia”, dijo la legisladora, quien advirtió: “Se tiene que llegar al fondo del asunto, porque esto es corrupción, considerando que la AISEM maneja mucho dinero, en el plan de hospitales, compra de equipos”.
Según Vargas, durante la intervención varios denunciantes prestaban declaración ante los investigadores y también declaraban funcionarios del Ministerio de Salud, algunos por haber denunciado y otros porque estarían involucrados en los cobros. Hasta el momento no se informaron oficialmente los nombres de los investigados.
Por la noche, el Ministerio de Salud y Deportes confirmó en un comunicado que la acción directa fue coordinada con el Viceministerio de Transparencia para verificar los hechos, relacionados con posibles delitos de concusión y cohecho. “La lucha contra la corrupción constituye un mandato legal y un compromiso irrenunciable del Estado. En tal sentido, ningún cargo, jerarquía o función puede estar por encima de la ley ni convertirse en instrumento para obtener beneficios indebidos”, señala el documento. La cartera aseguró que no encubrirá ni tolerará actos de corrupción y que resguardará la identidad y la situación laboral de los denunciantes ante posibles represalias.
📌 Las investigaciones están a cargo de las autoridades competentes, que deberán establecer la verdad de los hechos y las responsabilidades.
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