El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra Max Jhonny Fernández Saucedo fue declarado en rebeldía este martes 27 de octubre y la autoridad judicial emitió una orden de aprehensión en su contra, luego de que no se presentara a la audiencia de medidas cautelares del proceso que enfrenta por la presunta malversación de Bs 191 millones de créditos municipales.
La audiencia estaba fijada para el mediodía. Según informó el fiscal Gary Flores, Fernández no justificó su inasistencia y a la sala solo llegó un abogado que no contaba con un poder específico para representarlo. «Al no haberse acreditado o justificado la ausencia de este ciudadano en la presente audiencia, se ha solicitado que se lo declare rebeldía, y en consecuencia, se disponga a la aprehensión de este ciudadano con los efectos de que pueda ser puesto a disposición», explicó el fiscal.
Flores añadió que el objetivo del mandamiento es que el exburgomaestre sea capturado y llevado ante la autoridad judicial para que el proceso continúe. El Ministerio Público pide su detención preventiva. Por su parte, el director jurídico de la Alcaldía cruceña, José Luis Coplot, informó que la jueza rechazó la recusación planteada por la defensa antes de declararlo rebelde. Según El Deber, la defensa de Fernández aseguró que el exalcalde se presentaría en breve y que pide garantías de igualdad y legalidad.
Fernández está imputado por la presunta malversación de cerca de Bs 191 millones provenientes de créditos municipales que estaban destinados a financiar 17 proyectos de infraestructura en la capital cruceña, entre ellos el viaducto del cuarto anillo y obras ligadas a la doble vía a La Guardia. La investigación busca establecer cómo se usaron esos recursos y si hubo un cambio irregular de su destino.
La audiencia cautelar debía realizarse el pasado 22 de octubre, pero se suspendió porque el abogado del exalcalde, Samuel Durán Severiche, estaba afónico, y se reprogramó para el 9 de noviembre. Luego, la jueza Ana Gloria Rojas, del Juzgado Décimo de Instrucción Cautelar, la adelantó para este martes después de que un informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) concluyera que el abogado estaba estable y podía asistir. La defensa intentó frenar esa decisión con una acción de libertad, que fue denegada.
El viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Yamil García, había anunciado además una investigación contra la jueza por la suspensión de la audiencia anterior, al recordar que el posible daño económico supera los Bs 190 millones y constituye, según la normativa, un grave daño económico.
Con información de Brújula Digital, El Deber, Red Uno y El Mundo.