
Un nuevo incidente en la frontera con Chile pone otra vez a prueba la relación entre ambos países. Un teniente y un subteniente del Ejército de Bolivia permanecen detenidos en la comuna chilena de Colchane, en la región de Tarapacá, luego de ser aprehendidos la madrugada del lunes 2 de noviembre en las inmediaciones del Salar de Coipasa, una zona de altiplano compartida por los dos países y conocida por el paso ilegal de vehículos.
Según se informó, la aprehensión se produjo durante un patrullaje preventivo encabezado por efectivos del Ejército de Chile, acompañados por un equipo de Carabineros que incluía especialistas del OS7, la unidad policial chilena dedicada al combate del narcotráfico y el crimen organizado. La Fiscalía Regional de Iquique confirmó la detención.
El despliegue chileno buscaba ubicar un camión con un reporte de robo vigente en Chile que, presuntamente, iba a ser sacado de ese país a través de pasos fronterizos no habilitados. En medio de ese procedimiento, los uniformados chilenos detectaron a los dos oficiales bolivianos dentro de su territorio y procedieron a detenerlos.
De acuerdo con la versión chilena, ambos militares estaban bajo custodia en Colchane y este martes 3 de noviembre debían ser conducidos a una audiencia de control de detención y formalización. Entre las líneas de investigación que maneja la Fiscalía figura un eventual delito de espionaje, por el ingreso de militares extranjeros a territorio chileno, además de una posible vinculación con el contrabando del vehículo que buscaban las autoridades.
La versión de las Fuerzas Armadas
Desde La Paz, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, general Víctor Hugo Balderrama, salió al paso la mañana de este martes y precisó que los dos oficiales fueron detenidos en un sector conocido como Boca del Sapo. Según el alto mando, ambos actuaban «en el marco de una orden de operaciones con la total legalidad».
Balderrama explicó que el teniente y el subteniente estaban «cumpliendo operaciones de lucha contra el contrabando» y admitió que los hechos todavía deben esclarecerse: «Obviamente que los informes respectivos que motivaron su detención (…) están en proceso de investigación», declaró.
Hasta el mediodía de este martes no se habían difundido los nombres de los dos militares ni la unidad a la que pertenecen, y tampoco se conocía un pronunciamiento oficial de la Cancillería boliviana sobre la asistencia consular o las gestiones diplomáticas que se activarán para atender el caso.
Un antecedente que se repite
El episodio recuerda lo ocurrido en septiembre de 2021, cuando Carabineros detuvo en la misma zona fronteriza de Colchane y el Salar de Coipasa a tres militares bolivianos: el teniente Jaime Herbas, el subteniente Níger Ponce y el sargento segundo José Bautista Carvajal. En aquella ocasión, el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte les dictó 90 días de detención preventiva por los presuntos delitos de robo con intimidación y porte ilegal de armas de fuego, mientras que el Gobierno boliviano sostuvo que formaban parte de una fuerza de tarea que realizaba el comiso de vehículos indocumentados.
Ese caso derivó en un contrapunto diplomático entre La Paz y Santiago: para Chile, los efectivos cometieron delitos en su territorio y debían ser procesados; para Bolivia, cumplían tareas de lucha contra el contrabando y la solución debía buscarse por la vía diplomática.
La frontera entre el departamento de Oruro y la región chilena de Tarapacá, con decenas de pasos no habilitados en pleno altiplano, es uno de los principales corredores para el ingreso de vehículos indocumentados a Bolivia, conocidos popularmente como «autos chutos». Las Fuerzas Armadas bolivianas mantienen desplegados en esa zona operativos permanentes contra el contrabando, una tarea que, como muestra este nuevo caso, vuelve a chocar con el control territorial que ejerce Chile del otro lado de la línea limítrofe.
La situación jurídica de los dos oficiales dependerá de lo que resuelva la justicia chilena en la audiencia de control de detención, mientras en Bolivia se espera un informe oficial del Ministerio de Defensa y de la Cancillería sobre el incidente.