Los alcaldes de las ciudades capitales del país cerraron filas y le pusieron fecha al Gobierno nacional: hasta este viernes 13 de noviembre esperan la promulgación de un decreto supremo que permita actualizar los precios de los contratos de obras municipales y de servicios como el aseo urbano, golpeados por el incremento del diésel tras el retiro de la subvención a los combustibles.
La determinación fue asumida en una reunión de emergencia convocada por la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) en instalaciones de la Alcaldía de La Paz, donde las autoridades ediles firmaron un acta de conclusiones con una agenda común. Según la comuna paceña, al encuentro asistieron seis alcaldes de forma presencial y otros tres de manera virtual, mientras que El Alto no participó.
«Muchas empresas no quieren trabajar a pérdida»
La alcaldesa de Sucre y vicepresidenta de la AMB, Fátima Tardío, fue la encargada de presentar las conclusiones y advirtió que la situación de las obras es crítica. «Muchas obras de inversión se han paralizado. Muchas otras están al borde de una rescisión, una resolución de contrato. Otras tantas están a la firma porque muchas empresas no quieren trabajar a pérdida», alertó, según recogió El Deber.
El documento suscrito por los alcaldes es claro sobre la urgencia: «Este 13 de noviembre nosotros estaremos esperando la emisión de este Decreto Supremo que permita la continuidad de obras civiles y de la prestación de servicios. Esta es una medida urgente y vital que garantizará las obras en ejecución, su continuidad, su conclusión y algunas salvedades necesarias para el funcionamiento de todos nuestros municipios».
El director ejecutivo de la AMB, André Humérez, explicó a Red Uno que la variación del precio del diésel disparó los costos de los proyectos que ya estaban en marcha. «Entonces los alcaldes hoy tienen cientos de solicitudes de rescisión de contrato, puesto que todos los precios en los mercados se han disparado», señaló. La norma que piden debe fijar mecanismos para reajustar los contratos y evitar que las constructoras abandonen las obras.
El diésel pasó de Bs 9 a Bs 18
El alcalde de La Paz, César Dockweiler, describió un panorama «bastante crítico» para los gobiernos municipales y recordó que el decreto que hoy exigen fue comprometido por el Ejecutivo hace meses y sigue pendiente. «Se ha acordado trabajar en unidad, porque ha habido un criterio homogéneo respecto a la situación que estamos atravesando los gobiernos municipales», afirmó.
Dockweiler alertó que el salto del precio del diésel, de Bs 9 a Bs 18 por litro, golpea no solo a la construcción, sino también a servicios diarios como el recojo de basura, el aseo urbano y el transporte municipal. Por eso planteó un programa de readecuación financiera y el cumplimiento de los compromisos pendientes con las entidades estatales de financiamiento.
Qué más piden los municipios
Además del decreto, el pliego municipal incluye medidas de alivio económico para cubrir gastos operativos y agilizar el Programa de Readecuación Financiera (PRF), relanzado después de 26 años pero trabado, según la AMB, por dificultades burocráticas.
Los alcaldes también exigen la devolución del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que les fue retenido, o mecanismos alternativos de compensación, y la suspensión de esas retenciones para la gestión 2027. A ello se suma una ley modificatoria a la Ley 977 para que el Tesoro General de la Nación (TGN) asuma el pago del bono para personas con discapacidad, la revisión del 10% que los municipios destinan a seguridad ciudadana y un inventario técnico-jurídico de todas las cargas nacionales que hoy cubren las alcaldías, para exigir su devolución progresiva al nivel central.
Entre los planteamientos para fortalecer sus recaudaciones propias figura, además, el retorno de la inspección técnica vehicular al ámbito municipal.
La pelea por el 50/50 y la coparticipación
En el plano de fondo, los ediles quieren un pacto fiscal vinculante bajo la denominada Agenda 50/50 y reclaman un lugar en el debate de la futura ley especial de coparticipación tributaria, junto a gobernaciones, universidades y pueblos indígena originario campesinos. Para ello fijaron una hoja de ruta técnica con siete productos: definición de la masa coparticipable, normativa 50/50, cronograma de convergencia, reducción de cargas, restitución de recursos, actualización del Sistema Único de Salud (SUS) y reformas legales.
El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Carlos Manuel «Mamén» Saavedra, pidió que cualquier porcentaje salga del consenso. «Yo confío en el diálogo, en el gran consenso y el gran acuerdo nacional (…). Al final, es a la gente a la que le tiene que llegar. No es ni al alcalde, ni al gobernador, ni al rector de la universidad», sostuvo, y añadió que sería «irresponsable» hablar de una cifra sin un debate previo.
El reclamo municipal se suma al de siete gobernadores, entre ellos el de Tarija, que días atrás pidieron al Ejecutivo reabrir el diálogo por la coparticipación, luego de que el Gobierno elevara su oferta de 0,4% a 1% para las regiones, una cifra que la mayoría de las gobernaciones considera insuficiente.
Nueva cita el lunes 16
Más allá del plazo del viernes, los alcaldes anunciaron una nueva reunión para el lunes 16 de noviembre en La Paz, a la que buscan sumar a municipios intermedios y pequeños, a la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) y a la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL). Según Dockweiler, la mañana estará dedicada al trabajo técnico y por la tarde se invitará a representantes del Ejecutivo para instalar una mesa de diálogo directa.
«El municipalismo de Bolivia se ha unido por Bolivia y por cada una de las ciudades y ciudadanos que componen nuestros municipios», concluye el acta firmada por las autoridades ediles. Hasta el cierre de esta nota no se conocía una respuesta oficial del Ejecutivo al plazo fijado por los alcaldes.