Cuatro efectivos policiales que prestan servicio en el penal de Cantumarca, en la ciudad de Potosí, fueron aprehendidos, acusados de haber permitido que el exfiscal general del Estado Roger Mariaca accediera a un teléfono celular desde su celda y realizara llamadas al exterior sin ninguna autorización.
Entre los aprehendidos figura un oficial segundo que cumple funciones de asesor legal dentro del recinto penitenciario, además de tres custodios. A todos se los investiga por presuntas fallas en la vigilancia del exfiscal, que guarda detención preventiva en ese penal.
El asesor jurídico le habría prestado su teléfono
El comandante departamental de la Policía de Potosí, Franklin Villazón, informó este viernes por la mañana, en conferencia de prensa, que uno de los propios efectivos fue quien le facilitó su celular al detenido.
«Se ha podido conocer de que había los servidores públicos que estaban dándose a la tarea de custodiar a este interno, y mucho más aún, una persona que es el asesor jurídico (…) que habría prestado su dispositivo celular para que este privado (de libertad) se comunique al exterior del penal», explicó la autoridad policial.
Según Villazón, fue un trabajo de inteligencia el que permitió detectar que salían llamadas desde la celda de Mariaca. Sin embargo, cuando se realizó una requisa en el lugar, no se encontró ningún teléfono.
Intervención con el Ministerio Público
El comandante precisó que la intervención se coordinó con el Ministerio Público, cuyos representantes tomaron declaraciones y recolectaron los elementos de prueba que sustentan las aprehensiones. Los cuatro policías debían prestar su declaración en el transcurso de este viernes.
Detención preventiva por seis meses
Roger Mariaca fue aprehendido el miércoles 30 de septiembre y cumple seis meses de detención preventiva en Cantumarca. Está imputado en dos causas: una por organización delictiva y narcotráfico, y otra por legitimación de ganancias ilícitas.
El Gobierno lo acusa de haber liderado, desde la propia Fiscalía General, una red de corrupción y de protección a narcotraficantes que habría logrado cooptar a funcionarios de otros órganos del Estado. El caso de las llamadas desde la cárcel abre ahora una nueva arista sobre los controles en el penal potosino donde permanece recluido.