¡Le pasaban expedientes y alertas de la DEA! EE.UU. alista pruebas de los sobornos de Marset a funcionarios bolivianos rumbo al juicio del 11 de enero

La Fiscalía de Estados Unidos prepara el siguiente golpe contra Sebastián Marset: probar que el narcotraficante uruguayo compró la protección de funcionarios en Bolivia. Tras documentar durante años el circuito financiero de su organización, los fiscales del Estado de Virginia pidieron al juez federal Rossie Alston Jr. admitir mensajes y documentos sobre pagos a funcionarios de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela, según reportó el diario El Deber este viernes 20 de noviembre.

De acuerdo con el escrito citado por la organización periodística OCCRP, esos sobornos habrían permitido a Marset «recibir expedientes de narcotráfico de autoridades bolivianas», enterarse de reuniones de la DEA con autoridades del país y eludir operativos de captura. El juez todavía no resolvió si admitirá esas pruebas.

El rastro del dinero

La primera acusación contra Marset se presentó en 2024 ante un tribunal federal de Virginia (expediente 1:23-cr-00143-RDA). Allí se describe cómo el uruguayo y su socio Federico Santoro Vassallo, alias «Capitán», convertían en dólares las ganancias de la cocaína vendida en Europa y las devolvían a Sudamérica ocultando su origen. Santoro fue sentenciado en 2025 a 15 años de prisión en EE.UU.

Según los expedientes, en enero de 2021 Marset tenía pendientes de cobro más de 17 millones de euros por un cargamento. La red usaba mensajeros, efectivo, facturas falsas y unas siete empresas «de pantalla». Una transferencia pasó por un servidor bancario en Richmond, Virginia, lo que fundamentó parte de la intervención estadounidense. El Departamento de Justicia informó un decomiso de 11,5 millones de dólares tras la sentencia contra Santoro.

23 celulares y casi $us 4 millones en criptomonedas

Esta semana, el juez Alston rechazó los recursos de la defensa que buscaban excluir las declaraciones que Marset dio a la DEA tras su captura en Santa Cruz, el 13 de marzo de 2026, y concluyó que «no hubo vulneración de los derechos». Así, siguen en el proceso los 23 celulares, dos iPads y una MacBook incautados en Bolivia, además de tres billeteras digitales con unos 3,96 millones de dólares en criptomonedas que, según la Fiscalía, Marset atribuyó a ganancias del tráfico de cocaína en Bolivia.

Los fiscales también le atribuyen haber dicho que el Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil traficaba entre el 80% y el 90% de las armas que llegaban a Bolivia, y que tenía dinero invertido en unas 10 toneladas de cocaína en el país, una cifra que no corresponde a droga incautada.

Coincidencias con el caso Mariaca

La investigación estadounidense coincide con avances del caso del exfiscal general Róger Mariaca Montenegro, señalado el 28 de septiembre por el Departamento de Estado por «corrupción significativa». Mariaca niega las acusaciones y ya cumplió más de 50 días de detención en Cantumarca, Potosí.

La Fiscalía boliviana sostiene que Marset pudo pagar hasta 500.000 dólares mensuales a cambio de información para anticiparse a los operativos, e investiga también al exfiscal de Santa Cruz Alberto Zeballos, al exfiscal superior Martín Irusta y al mayor de Policía Rubén Aparicio. El fiscal general interino, José Armando Urioste, expuso esta semana ocho mecanismos con los que el crimen organizado se infiltró en el Estado, entre ellos el acceso de «terceros» a los sistemas informáticos del Ministerio Público.

Juicio con jurado en enero

El juicio con jurado contra Marset comenzará el 11 de enero de 2027 en el Tribunal Federal del Distrito Este de Virginia. El uruguayo enfrenta cargos por lavado de dinero, conspiración para traficar cocaína y narcoterrorismo, que contemplan la cadena perpetua como pena máxima si es declarado culpable.

Fuente: El Deber (20/11/2026 y 18/11/2026). Foto: Expedientes/Fiscalía.