El exministro de Defensa Edmundo Novillo, que ocupó esa cartera durante el gobierno de Luis Arce, se presentó este jueves 29 de octubre en dependencias de la Fiscalía de La Paz para prestar su declaración en calidad de sindicado dentro del denominado caso «Radares».
Novillo es investigado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y daño económico al Estado. La causa se originó en una querella penal presentada por el Ministerio de Defensa contra 19 personas por supuestas irregularidades en la compra e implementación del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta), con un posible daño económico que superaría los Bs 1.478 millones.
En el mismo proceso figuran otros tres exministros de Defensa: Reymi Ferreira y Javier Zabaleta, que ejercieron el cargo durante los gobiernos de Evo Morales, y Fernando López, que estuvo al frente de esa cartera en la gestión de Jeanine Áñez.
De acuerdo con la información que presentó en septiembre el actual ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, Ferreira firmó el contrato original y sus dos primeras modificaciones; Zabaleta suscribió la tercera y la cuarta; López, la quinta; y Novillo, las dos últimas.
El proyecto fue adjudicado en 2016 a la empresa francesa Thales Air Systems por más de 191 millones de euros, financiados con recursos del Tesoro General del Estado. El contrato incluía 13 radares civiles y militares, centros de control, sistemas de comunicación, infraestructura, software, capacitación y transferencia tecnológica.
Aunque el acuerdo inicial establecía un plazo de 31 meses para concluir la obra, las siete modificaciones contractuales lo ampliaron hasta 82 meses. Las pruebas y la demostración final recién se realizaron cerca de 98 meses después de la firma del contrato.
La auditoría también detectó fallas en el funcionamiento de los equipos: de los 13 radares instalados, solo dos operaban sin observaciones, nueve lo hacían con reparos técnicos y los dos restantes estaban fuera de servicio.