La oferta del Gobierno para estrenar la coparticipación tributaria departamental no logró calmar a las regiones. Los gobernadores del país convocaron este miércoles una reunión de emergencia por Zoom para unificar su posición frente al 1% que el Ejecutivo de Rodrigo Paz plantea entregar a las nueve gobernaciones a partir de 2027, y preparan un comunicado conjunto en el que exigirán empezar con, al menos, el 5%.
«El 1% es un insulto para las regiones», resumió el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, quien se convirtió en la voz más dura del reclamo. «Nosotros apuntamos al 15%, pero podemos ir de forma gradual. Queremos iniciar con un 5%. Si empezamos con el 1%, en 15 años nos va a dar lo que estamos buscando», advirtió. Según sus cálculos, para Santa Cruz el porcentaje ofrecido representa «menos de 150 millones de bolivianos», una cifra que, dijo, «no es coherente ni alcanza para las necesidades de los departamentos».
Bs 550 millones para nueve departamentos
El 1% está inscrito en el Presupuesto General del Estado 2027 y equivale a unos Bs 550 millones para todas las gobernaciones, alrededor de 45,7 millones de dólares al tipo de cambio de Bs 12,02 previsto en el proyecto presupuestario. Todavía no existe un reparto oficial por departamento: una simulación solo poblacional ubica a Santa Cruz, La Paz y Cochabamba con cerca del 72% de esa bolsa, mientras que los otros seis departamentos se repartirían el resto.
Hoy, la recaudación de los impuestos coparticipables se distribuye 75% para el nivel central, 20% para los municipios y 5% para las universidades públicas; las gobernaciones no reciben nada de esa bolsa. La propuesta del Ministerio de la Presidencia contempla asignar el 1% a los gobiernos departamentales sin tocar la parte de alcaldías, autonomías indígenas y universidades, es decir, con recursos que saldrían de la porción del Tesoro.
Velasco reveló que la negociación arrancó con una oferta del 0,4%, que luego subió al 0,8% y finalmente al 1%. «Obviamente no se firmó nada», aseguró sobre la última reunión con el Ejecutivo. El gobernador cruceño recordó que el 5 de agosto, en Sucre, el Gobierno y las gobernaciones acordaron iniciar la coparticipación en 2027 y avanzar de forma gradual, y reclamó que se cumpla ese compromiso hasta llegar al 15% en cinco años.
Tarija: «Estamos retrocediendo»
Desde Tarija, la gobernadora María René Soruco también rechazó la oferta y cuestionó, sobre todo, las condiciones que la acompañan. Según explicó, el 1% está atado a que las gobernaciones asuman el crecimiento vegetativo de los ítems de salud, una carga que, a su juicio, corresponde al nivel central y que terminaría absorbiendo los nuevos recursos. «No es la creación de nuevos tributos, de nuevos impuestos, sino es coparticipar de los ya existentes», sostuvo.
Soruco calculó que el 1% significaría para Tarija alrededor de Bs 22 millones: unos Bs 15 millones para la Gobernación y cerca de Bs 6 millones para el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco. Recordó que, con la caída de la renta de los hidrocarburos, el departamento maneja hoy recursos hasta ocho veces menores que en sus mejores años. También observó que el proyecto de ley eliminó la progresividad que habían planteado los gobernadores y que una disposición transitoria condiciona la transferencia a que cada gobernación la acepte de manera expresa y formal.
«La autonomía no le pertenece a un nivel de gobierno, ni le pertenece a un partido político», remarcó la autoridad tarijeña, para quien la coparticipación debe garantizar recursos estables que permitan ejecutar proyectos más allá de una gestión. «Si solamente se lo quiere hacer desde el nivel central, entonces estamos retrocediendo», advirtió.
Cinco en contra, dos a favor
A Santa Cruz y Tarija se sumaron Oruro, Chuquisaca y Cochabamba. El gobernador orureño, Edgar Sánchez, estimó que el 1% representaría «no más de diez millones de bolivianos» para su departamento y que, si además se carga el crecimiento de salud y educación, «entonces no tienes casi nada». Desde Chuquisaca, Luis Ayllón afirmó que el porcentaje «es insuficiente» y que la distribución «debe ser progresiva», mientras que el cochabambino Leonardo Loza había calificado de «burla» la oferta inicial.
En Santa Cruz el tono subió todavía más. La vicegobernadora Paola Aguirre anunció que los gobernadores que no aceptan la propuesta volverán a reunirse el lunes y adelantó que habrá «medidas de presión». «¿Para qué gastaron tanto tiempo y recursos del Estado en mesas técnicas si lo sincero hubiera sido decir desde el 5 de agosto vamos a dar el 1% y listo? Es una burla», cuestionó.
No todos piensan igual. El gobernador de La Paz, Luis Revilla, considera que el 1% es razonable en plena crisis y que es «la puerta para generar nuevas asignaciones». Para su departamento significaría poco más de Bs 100 millones, que, según dijo, pueden traducirse en «dos hospitales» o «una carretera importante». El gobernador de Beni, Jesús Egüez, también lo ve como un avance.
El Gobierno: «No vamos a coparticipar déficit»
Desde el Ejecutivo, el viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, defendió la propuesta y recordó que cerca del 80% del gasto nacional ya está comprometido en educación, salud, seguridad y otras obligaciones. «No vamos a coparticipar deuda, no vamos a coparticipar déficit, no vamos a coparticipar los problemas», afirmó. Como complemento, Oliva plantea una ley de nuevos dominios tributarios que, según sus proyecciones, podría generar hasta Bs 4.000 millones para las gobernaciones, aunque se trata de una estimación y no de dinero disponible para 2027.
Pese a la dureza del reclamo, los gobernadores aseguran que no cierran la puerta al diálogo y que el presidente Paz encontrará disposición para negociar en mesas técnicas, siempre que se respeten los acuerdos del 5 de agosto. Tras el encuentro virtual, está previsto que firmen un manifiesto conjunto y definan la ruta de negociación de los próximos días.
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