Tres semanas después de que la Fiscalía asegurara que ya pesaba una alerta roja internacional sobre él, el exministro de Gobierno Eduardo del Castillo sigue sin aparecer y la notificación de Interpol todavía no está activa. El director nacional de Interpol en Bolivia, coronel Martín Guzmán, informó este sábado 31 de octubre que la Policía Boliviana recién tramita la activación del llamado «sello rojo» contra la exautoridad del gobierno de Luis Arce, y que el pedido aún espera respuesta de la sede central de la organización, en Lyon, Francia.
«Todo está en trámite, con la Fiscalía General. A través de Migración, no tenemos ningún reporte, tenemos 46 puntos de control», declaró el jefe policial al ser consultado sobre el paradero de Del Castillo, según reportó Unitel. Guzmán explicó que las gestiones se coordinan con el Ministerio Público y que, mientras tanto, se mantiene vigente una alerta migratoria para rastrear cualquier movimiento del exministro y facilitar su localización dentro del territorio nacional.
La declaración contrasta con lo que se informó a principios de mes. El 9 de octubre, el fiscal general interino, José Armando Urioste, afirmó ante los medios: «Todo se ha librado, alertas migratorias, mandamiento de allanamientos, todas esas cosas están libradas. Hay alerta con sello rojo». Ahora, la propia oficina de Interpol en Bolivia admite que el procedimiento sigue abierto y que la decisión final depende de la Secretaría General del organismo internacional.
La diferencia no es menor. Una notificación roja es una solicitud a las policías de los 196 países miembros de Interpol para localizar y detener provisionalmente a una persona mientras se tramita su extradición. Se basa en una orden judicial del país que la pide, pero antes de publicarse es revisada por un equipo especializado de la organización, que verifica que el caso cumpla sus normas, entre ellas la prohibición de intervenir en asuntos de carácter político. Hasta que Lyon no la apruebe, el exministro no figura como buscado fuera de Bolivia.
Del Castillo, que fue ministro de Gobierno durante la administración de Arce, está en paradero desconocido desde que se lo vinculó con el denominado caso Mariaca, en el que la Fiscalía amplió una de las investigaciones en su contra. El proceso toma el nombre del exfiscal general Roger Mariaca, aprehendido en el marco de las pesquisas sobre la protección que habría recibido en Bolivia el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
La búsqueda del exministro se intensificó tras la difusión de un video en el que Marset, después de la aprehensión de Mariaca, aseguró que habría pagado 500.000 dólares a Del Castillo para poder quedarse en el país. A ello se suman las declaraciones del viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado, quien sostuvo que, tras la llegada de Marset a Bolivia, el mayor Rubén Aparicio habría facilitado el contacto entre el capo uruguayo y Del Castillo, luego de que el narcotraficante fuera retenido en el aeropuerto de Viru Viru por portar un arma de fuego.
A principios de octubre, Maldonado había expresado su convicción de que Del Castillo continúa en territorio boliviano, con el argumento de que salir al exterior facilitaría su captura por agencias internacionales como la DEA de Estados Unidos. Desde entonces, la Policía y la Fiscalía ejecutaron allanamientos en domicilios vinculados al exministro, sin resultados públicos sobre su ubicación.
Con 46 puntos de control migratorio en alerta y sin ningún registro de salida, la pregunta que se repite en el país es la misma: dónde está quien hasta hace poco tenía a su cargo la seguridad interna de Bolivia. Mientras el trámite en Lyon no se resuelva, la búsqueda de Del Castillo seguirá dependiendo, por ahora, solo de las fuerzas del orden bolivianas.