Denuncian a 23 personas por las termoeléctricas de Warnes, Entre Ríos y Del Sur: las tres plantas deben Bs 8.307 millones al BCB y apenas devolvieron el 14% de lo prestado

Denuncian a 23 personas por las termoeléctricas

El Gobierno llevó a la Fiscalía uno de los proyectos energéticos más costosos de la última década. La Procuraduría General del Estado y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) presentaron tres denuncias penales contra 23 personas por presuntas irregularidades en la ampliación a ciclo combinado de las plantas termoeléctricas de Warnes, Entre Ríos y Del Sur, ubicadas en Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, respectivamente.

El dato que más pesa es la deuda: las tres obras se financiaron con créditos del Banco Central de Bolivia (BCB) y todavía tienen un saldo pendiente de Bs 8.307 millones, el 86% de los Bs 9.614 millones desembolsados. Es decir, hasta ahora apenas se devolvió el 14% de lo prestado.

«Indicios sólidos de responsabilidad»

El anuncio se hizo este jueves en una conferencia de prensa en el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, en La Paz. «Se han identificado indicios sólidos de responsabilidad civil y penal», afirmó el procurador general del Estado, Hugo César León, quien explicó que los hechos fueron encuadrados en los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

León detalló que se presentó una denuncia por cada planta y que la Procuraduría se apersonó a los tres procesos para seguir de cerca las investigaciones y buscar la recuperación de los recursos públicos. Según su análisis, hubo una contratación irregular de la empresa proveedora y se decidió invertir en las tres plantas sin respaldo técnico ni justificación de la necesidad.

Los nombres de los denunciados no fueron revelados. El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, indicó que la acción se dirige contra «una serie de personas que en su momento se las dará a conocer» —según ABI, responsables de anteriores gestiones de gobierno— y que se pidieron medidas legales «para que esta gente no pueda transferir sus activos y tampoco pueda salir del país hasta que el proceso termine». Aclaró, sin embargo, que será el Ministerio Público el que establezca responsabilidades.

Contratos por $us 1.168 millones

De acuerdo con la información presentada, los contratos firmados con el consorcio Siemens AG Österreich y TSK Electrónica y Electricidad S.A. sumaron $us 1.168 millones. El presidente ejecutivo de ENDE, Mario Larraín Saavedra, sostuvo que los proyectos se ejecutaron sin estudios técnicos ni económicos previos que justificaran la inversión ni la capacidad de pagar los créditos.

Blanco, por su parte, cuestionó que se apostara por turbinas a gas cuando el país ya veía caer sus reservas, en lugar de priorizar energías renovables no convencionales. Además, observó que la capacidad instalada de las plantas supera la demanda del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Cuánto debe cada planta

El desglose de la deuda con el BCB muestra que la termoeléctrica de Warnes (Santa Cruz) adeuda Bs 2.969 millones; la planta Del Sur, en Yaguacua (Tarija), Bs 2.710 millones, y la de Entre Ríos (Cochabamba), Bs 2.627 millones.

«Esto es algo que lo vamos a ir pagando todos nosotros, porque eso es una deuda de alrededor de 10.000 millones de bolivianos», advirtió Larraín, quien pidió que se identifique a todos los responsables. El ejecutivo reconoció que ENDE es una de las empresas públicas más endeudadas con el BCB precisamente por estos préstamos, lo que hace «muy difícil» cumplir con los pagos.

Las plantas que iban a convertir a Bolivia en el «corazón energético»

La ampliación de las tres termoeléctricas se contrató en 2016 y se inauguró entre agosto y septiembre de 2019. Con la incorporación de nuevas turbinas a gas y a vapor, las plantas pasaron a operar en ciclo combinado y sumaron, en conjunto, más de un gigavatio de potencia al sistema eléctrico. En ese momento, el proyecto se presentó como clave para abastecer la demanda interna y exportar electricidad a países vecinos.

Siete años después, el actual Gobierno sostiene que esa inversión generó una sobreoferta que el mercado interno no necesita y una deuda millonaria que hoy recae sobre la estatal eléctrica. La Fiscalía deberá ahora investigar las denuncias y determinar si existen responsables penales por el manejo de los recursos.