El Concejo Municipal de La Paz aprobó este jueves, por unanimidad, la Ley de Alivio Tributario, Condonación, Regularización y Estabilidad Tributaria, una norma que perdona deudas de impuestos municipales de gestiones anteriores a 2018 y de 2020, y que abre facilidades para que los contribuyentes se pongan al día con el resto de sus obligaciones. El alcalde César Dockweiler reaccionó con dureza: calificó la medida como un «boicot a la ciudad» y advirtió que podría dejar a la comuna con Bs 750 millones menos.
La ley fue sancionada en la sesión ordinaria número 66 del Concejo. Establece la condonación del 100 % de las obligaciones tributarias anteriores a 2018 y de las correspondientes a la gestión 2020, incluidos sus accesorios. Para las demás deudas, ofrece dos caminos: el pago al contado, con la condonación del 100 % de intereses y multas y del 50 % del mantenimiento de valor, o planes de facilidades de pago de hasta 36 cuotas mensuales.
El concejal Fernando Ruiz defendió que el objetivo es que los vecinos puedan regularizarse sin cargar con montos inflados por intereses, multas y recargos. Puso un ejemplo: una deuda original de Bs 5.000 que con el tiempo llegó a Bs 20.000 podría saldarse con un pago aproximado de entre Bs 6.000 y Bs 7.000, según su composición y las condiciones de aplicación. La concejala Alejandra Delgado explicó que la norma crea un régimen extraordinario con distintas modalidades y rechazó que su aprobación signifique automáticamente una pérdida de Bs 750 millones, ya que el impacto debe medirse frente a lo que se podría recuperar con los pagos.
Dockweiler, en cambio, sostuvo que el monto en juego equivale a cerca del 50 % del presupuesto municipal. «Están promoviendo que la ciudad se quede con 750 millones de bolivianos menos. Eso yo lo califico como un boicot a la ciudad, porque La Paz tiene que ser reconstruida y para reconstruirla necesitamos recursos», afirmó. Según el alcalde, quedarían comprometidos el hospital de San Antonio, el hospital geriátrico, el hospital traumatológico y el centro veterinario municipal: «Lo que están promoviendo, 750 millones menos, significaría que dejaríamos de construir el hospital de San Antonio y los otros tres hospitales que hemos planteado».
El burgomaestre comparó la cifra con los costos de servicios básicos: según sus cálculos, equivale a siete años de desayuno escolar, tres años de recojo de basura y mantenimiento del relleno sanitario, diez años de funcionamiento del Pumakatari o cuatro años de mantenimiento vial. También alertó que la reducción de ingresos podría afectar las obras de estabilización en zonas con deslizamientos activos. «No es solamente salir a la foto y decir: “Estábamos preocupados por darles un alivio tributario”, pero ¿qué es lo que vamos a dejar de hacer?», cuestionó.
El alcalde reclamó que una norma de este tipo debió contar con informes de impacto financiero, planteó observaciones sobre las competencias para impulsarla y aseguró que el Ejecutivo municipal no recibió una comunicación formal: se enteró del contenido por redes sociales. Recordó además que las medidas de su gestión sobre impuestos a vehículos e inmuebles permitieron recaudar hasta Bs 10 millones por día. «Por tanto, yo lo llamo un boicot a la ciudad de La Paz y, desde un punto de vista más personal y político, esto lo llamo una conspiración política», enfatizó.
Ahora la ley pasa al Ejecutivo municipal. De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, Dockweiler tiene diez días calendario desde su recepción para promulgarla u observarla. Si la observa, volverá al Concejo: si se aceptan las observaciones, los concejales la modificarán; si se rechazan, la Presidencia del Concejo podrá promulgarla con el voto de la mayoría absoluta. Si el alcalde no se pronuncia ni la promulga en el plazo legal, también podrá hacerlo la Presidencia del Concejo.