La conflictividad social en Bolivia no da tregua. La Defensoría del Pueblo registró 109 conflictos sociales activos y 59 anuncios de medidas de presión en todo el país entre julio y septiembre de 2026, según su tercer reporte trimestral. La tendencia fue en ascenso mes a mes: 41 registros en julio, 55 en agosto y 72 en septiembre, el nivel más alto del periodo.
De acuerdo con el informe, el encarecimiento y la escasez de combustibles, las demandas salariales y el incremento del costo de vida estuvieron entre los principales factores que empujaron a la gente a las calles.
El diésel a Bs 18, en el centro de las protestas
La Defensoría identificó como uno de los principales detonantes la aprobación del Decreto Supremo 5676, que autorizó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a comercializar diésel a clientes directos, grandes consumidores y usuarios directos a un precio referencial inicial de Bs 18 por litro. La medida provocó el rechazo de productores y transportistas, con paros y bloqueos en distintos departamentos.
Uno de los episodios más críticos ocurrió el 27 de agosto en el puente San Pablo, sobre la carretera entre Trinidad y Santa Cruz, donde un bloqueo de productores agropecuarios de la provincia Marbán dejó cinco personas heridas y tres aprehendidas. La protesta se levantó el 30 de agosto, tras acuerdos con el Gobierno.
También hubo paros del transporte urbano, interprovincial e interdepartamental en Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Oruro y Tarija; bloqueos en Betanzos (Potosí) y protestas por la gestión de residuos sólidos en El Alto y La Paz.
Economía, gobernabilidad y salarios
Los conflictos vinculados al ámbito económico fueron los más numerosos, con 45 casos, seguidos por los de gobernabilidad y los de demandas laborales y salariales, con 14 casos cada uno. Entre las medidas de presión, las vigilias ocuparon el primer lugar con 33 registros, seguidas por los bloqueos de vías (21) y las marchas (18).
El reporte contabilizó además 16 incidencias relacionadas con el ámbito laboral, principalmente por el pago de salarios y la estabilidad en el empleo; ocho afectaciones al derecho a la alimentación, y seis casos cada uno en educación y vivienda.
El estado de excepción no frenó el descontento
La subida de los conflictos se mantuvo durante la vigencia del estado de excepción dispuesto por el Decreto Supremo 5636, que restringió reuniones y manifestaciones públicas y prohibió los bloqueos de vías. En septiembre, esa medida se amplió por otros 90 días.
La Defensoría informó que intervino en 41 de los 109 conflictos, el 42 %, mediante verificaciones, acompañamiento y facilitación del diálogo. Entre ellos estuvieron las protestas de trabajadores de los rellenos sanitarios de Sak’a Churu y Alpacoma, en La Paz, que exigían salarios adeudados, y el bloqueo al relleno sanitario de Villa Ingenio, en El Alto, por denuncias de presunto mal manejo ambiental.
En sus conclusiones, la institución advirtió que las restricciones del estado de excepción no fueron suficientes para resolver las causas del malestar social y alertó sobre el riesgo de nuevas protestas por el desabastecimiento de carburantes, el costo de vida y las tensiones con el transporte y las organizaciones sociales. Por ello, planteó fortalecer los espacios de diálogo y concertación para prevenir una escalada y evitar nuevas vulneraciones de derechos humanos.
Fuente: Brújula Digital / Sumando Voces. Foto: Brújula Digital.