
El atentado contra el exfiscal departamental de Santa Cruz Alberto Zeballos dentro del penal de El Abra, en Cochabamba, obligó al Gobierno a mover sus fichas en todo el sistema penitenciario. Este viernes 20 de noviembre, el Ministerio de Gobierno instruyó a la Policía Boliviana redoblar la seguridad en los recintos penitenciarios del país para evitar que se repitan hechos de violencia como el registrado el miércoles 18 de noviembre.
El anuncio lo hizo el viceministro de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, Rodolfo Rocabado, quien explicó que la orden baja desde el despacho del ministro de Gobierno hacia la Dirección General de Régimen Penitenciario, que deberá coordinar con los comandos departamentales de la Policía el reforzamiento de los controles.
«El ministro de Gobierno dispuso que la Dirección del Régimen Penitenciario, dependiente del Ministerio de Gobierno, tome contacto con los comandos departamentales para que puedan redoblar la seguridad en los recintos penitenciarios», afirmó Rocabado.
Según la autoridad, los planes de seguridad de cada penal deberán ser reforzados y luego remitidos al comandante general de la Policía, general Adrián Álvarez.
Diez impactos de bala en la puerta de la celda
El ataque ocurrió la tarde del miércoles en El Abra, considerado un penal de máxima seguridad, donde Zeballos cumple seis meses de detención preventiva por el denominado «caso Roma», que investiga una presunta estructura de protección al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
El fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordóñez, informó que el equipo forense constató 10 impactos de bala en la puerta de la celda que ocupaba el exfiscal, disparados con un arma de 9 milímetros que luego fue hallada en los exteriores del pabellón. Ninguno de los proyectiles alcanzó a Zeballos, que se refugió en el baño. El comandante departamental de la Policía de Cochabamba, Henry Ramiro Ontiveros, señaló que la valoración médica solo detectó una pequeña escoriación en la nariz.
Por el hecho fueron aprehendidos tres reclusos brasileños: Favio Moreira, Gabriel Silva Do Santos y Oscar Junior Terrazas Díaz, quienes, según la Fiscalía, habrían forzado la puerta de acceso al piso e ingresado para accionar el arma. El Ministerio Público abrió una investigación por tentativa de asesinato. El jueves, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, atribuyó preliminarmente el ataque a un grupo de ciudadanos brasileños vinculado a organizaciones criminales internacionales y calificó al sistema penitenciario como «estructuralmente deficiente».
En la requisa posterior, la Policía secuestró además armas cortopunzantes, alrededor de 100 envoltorios con una sustancia verduzca aparentemente controlada y unos 10 teléfonos celulares.
Cantumarca, bajo custodia reforzada
Las medidas alcanzan también al penal de Cantumarca, en Potosí, donde está recluido el exfiscal general del Estado Roger Mariaca. Según la imputación fiscal, Mariaca es señalado como el principal implicado en una presunta organización dedicada a proteger actividades vinculadas al narcotráfico, mientras que Zeballos, investigado en el mismo caso, era considerado su mano derecha. Ambos fueron detenidos el 30 de septiembre en el aeropuerto internacional Viru Viru, en Santa Cruz.
A Cantumarca llegó desde La Paz personal especializado de Seguridad Penitenciaria, que se sumó a los efectivos del Comando Departamental de Potosí tanto en el interior como en el exterior del recinto. «De acuerdo con los informes de Inteligencia, al momento todo se desarrolla con normalidad y no se han reportado incidentes», aseguró el subcomandante departamental de la Policía de Potosí, Vladimir Peredo. La defensa de Mariaca, a cargo del abogado Rodrigo Salmón del Río, pidió a los jueces de sus procesos que «redoblen los esfuerzos y cuidados» para resguardar a su cliente.
Body scan apagado y pocos policías
La orden llega en medio de duras alertas sobre la situación de El Abra. La Defensoría del Pueblo, como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, realizó una intervención en el penal encabezada por la delegada defensorial de Cochabamba, Marioly Álvarez, quien verificó que Zeballos permanece en un ambiente diferenciado y bajo resguardo policial. En la reunión con el director del recinto, teniente coronel Gustavo Prieto, se constató que el penal alberga a más de 1.500 privados de libertad, que el escáner corporal (body scan) está fuera de funcionamiento, que hay deficiencias de iluminación y limitaciones operativas en las torres de vigilancia.
La exdirectora de Régimen Penitenciario de Cochabamba Pamela Suárez fue más allá y cuestionó que El Abra sea considerado de máxima seguridad: según dijo, para unos 1.400 presos hay apenas 60 policías, 30 por turno, y solo 10 asignados al bloque C. «Existe el tema de tráfico de armas dentro del penal, eso es inminente y se ha venido diciendo año tras año», advirtió.
Mientras tanto, la defensa de Zeballos, a cargo del abogado César Rojas, insiste en su traslado a la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz. «No existen garantías en El Abra», sostuvo. El fiscal general del Estado, José Armando Urioste, indicó que esa decisión le corresponde al juez de la causa.
Con información de El Deber, Opinión, Los Tiempos y Brújula Digital. Foto: Opinión (archivo).