Un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) dictó este miércoles 27 de agosto una condena de siete años de privación de la libertad contra el menor de 15 años conocido con el alias «Tianz», responsable del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
El atentado ocurrió el pasado 7 de junio en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá, durante un acto político del Centro Democrático. Ahí “Tianz”, entonces de 14 años, disparó contra Uribe Turbay con una pistola Glock 9 mm, impactándolo en la cabeza y la pierna.
El político fue trasladado de urgencia a la Clínica Santa Fe, donde luchó por su vida durante más de dos meses, hasta su fallecimiento el 11 de agosto.
Según la investigación de la Fiscalía, el menor fue contratado por una red criminal encabezada por Elder José Arteaga, alias «el Costeño», quien le entregó el arma. «Tianz» llegó al lugar en una motocicleta solicitada por app y huyó tras el ataque, pero fue capturado a dos cuadras por la Policía, gracias a cámaras de vigilancia.
¿Cuáles son los delitos por los que fue condenado?
La Fiscalía imputó al joven delitos de homicidio agravado (inicialmente en tentativa, pero actualizado tras la muerte de la víctima) y porte ilegal de armas. Durante las audiencias, «Tianz» aceptó los cargos, colaboró con la justicia proporcionando información que ayudó a identificar a otros implicados, como Carlos Eduardo Mora, alias «El Veneco», y Katerine Andrea Martínez, alias «Gabriela», y pidió perdón públicamente.
«No conocía a la persona a la que le disparé ni la repercusión de «la vuelta» por la que me ofrecieron 20 millones de pesos» declaró el menor en una de las diligencias, según revelaron fuentes judiciales; la oferta económica, que equivale a unos 90 mil pesos mexicanos, nunca llegó a concretarse.
¿Por qué fue sentenciado a tan poco tiempo de prisión?
La sentencia de siete años (equivalente a 84 meses) representa una de las sanciones más altas posibles bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, cuyo enfoque es la resocialización en lugar del castigo puro.
La pena máxima para adolescentes entre 14 y 18 años en casos de homicidio agravado es de ocho años, pero el juez optó por reducirla en un año considerando atenuantes como la aceptación temprana de cargos, la colaboración con las autoridades y el arrepentimiento expresado.
Expertos como Alejandro Peláez, exdirector de Protección del ICBF, explicó al diario El Tiempo que el juez evalúa el comportamiento del menor y su potencial de reinserción social para ajustar la duración y modalidad de la sanción.
«Se busca restablecer derechos y evitar la reincidencia, no solo punir», señaló Peláez.
«Tianz» no cumplirá su condena en una cárcel común para adultos, ya que la ley prohíbe mezclar a menores con reclusos mayores. Actualmente, se encuentra en una zona adaptada y aislada en el búnker de la Fiscalía en Bogotá, bajo protección especial debido a su inclusión en el programa de testigos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) determinará el centro definitivo, considerando factores de seguridad, educación y resocialización.
Estadísticas del ICBF indican que en lo corrido de 2025, 94 menores han sido sancionados por homicidio, promediando casi 12 al mes, lo que ha impulsado propuestas legislativas. El exfiscal Francisco Barbosa aboga por reformas para endurecer las penas, argumentando que adolescentes de 14 y 15 años tienen capacidad de razonar sus actos y que la actual normativa crea un «mercado de sicarios» al minimizar las consecuencias.