Casi tres años después del ataque a balazos que terminó con la vida de un oficial antidroga en pleno centro de Santa Cruz de la Sierra, la Justicia dictó las primeras condenas del caso. Un tribunal sentenció a 15 años de prisión a tres implicados en el as3s1n4to del teniente de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) José Torrez Álvarez, aunque el proceso todavía tiene cabos sueltos: el señalado como autor material está preso en Perú y un piloto investigado por complicidad terminó tras las rejas en Brasil por narcotráfico.
La sentencia recayó sobre Yeison Limpias, Angelo Moisés Becerra y Lander Caumol, procesados por su participación en el hecho. El fallo fue emitido por el tribunal conformado por los jueces Freddy Coronel y Claret Llanos al cabo de un largo juicio oral, cuya audiencia final se realizó el 31 de octubre en el penal de Palmasola, donde los tres condenados permanecen recluidos.
Una operación encubierta que terminó en tragedia
El hecho ocurrió la mañana del 11 de noviembre de 2023. Ese día, el teniente Torrez trabajaba vestido de civil en una operación encubierta de inteligencia de la Felcn que buscaba desentrañar una red vinculada al tráfico internacional de drogas. El punto del operativo era un edificio ubicado sobre el segundo anillo de la capital cruceña, a pocos metros de las antiguas oficinas de la Fiscalía que fueron incendiadas.
Según la reconstrucción del Ministerio Público, las personas presuntamente ligadas al narcotráfico descubrieron que el oficial era un agente encubierto y lo atacaron a tiros. El teniente recibió al menos diez impactos de bala. En el mismo ataque también resultó mu3rt0 Silvestre Cardozo, un ciudadano paraguayo que colaboraba como informante y que había tomado contacto con el policía.
La acusación fue sostenida en juicio por la fiscal especializada en delitos contra la vida Rose María Barrientos, con elementos reunidos por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fiscalía durante la investigación, que permitió identificar a varios sospechosos y reconstruir paso a paso el ataque.
El dolor de un padre
A la audiencia en Palmasola acudió José Torrez, padre del teniente, quien durante casi tres años siguió de cerca cada etapa del proceso. Visiblemente conmovido, aseguró que ninguna sentencia podrá reparar la pérdida de su hijo y, entre lágrimas, lamentó que, pese al tiempo transcurrido y a las decisiones judiciales, nunca más podrá volver a verlo ni abrazarlo.
El presunto autor material, a la espera de su extradición
La gran deuda pendiente del caso es el juzgamiento de Andrés Acosta Loja, ciudadano peruano identificado por los investigadores como el presunto autor material de los disparos contra el oficial. Acosta estuvo prófugo hasta que fue capturado en Perú tras la activación de una notificación roja internacional, pero hasta ahora no ha sido trasladado a Bolivia.
La fiscal Barrientos informó que el Ministerio Público ya remitió la documentación necesaria para impulsar su extradición y que la solicitud cuenta con el respaldo de una resolución fiscal y de una determinación judicial boliviana. Su llegada al país permitiría llevar a juicio al hombre señalado como el responsable directo del ataque.
De Palmasola a una cárcel de Brasil con 500 kilos de cocaína
El expediente suma otro capítulo que vuelve a conectar el crimen con el narcotráfico internacional. Sebastián Tamwi Suárez, piloto civil investigado por presunta complicidad, fue aprehendido en Santa Cruz y enviado a Palmasola con detención preventiva. De acuerdo con la acusación, el aviador habría alojado en su casa durante cerca de un mes a Acosta Loja, el presunto sicario, un apoyo que, según los investigadores, facilitó los seguimientos previos al ataque contra el teniente.
Tras varios meses en prisión, Tamwi recuperó su libertad por decisión de un tribunal. Sin embargo, tiempo después fue detenido en territorio brasileño durante un operativo de la Policía Federal de Brasil vinculado al transporte de 500 kilos de cocaína procedentes de Bolivia. La Fiscalía boliviana también pidió su extradición para que responda por la complicidad que se le atribuye en la mu3rt3 del oficial antidroga.
Con tres condenas dictadas, dos extradiciones en trámite y una familia que sigue reclamando justicia, el caso del teniente Torrez vuelve a poner en evidencia el alto riesgo que enfrentan los agentes que se infiltran en las redes del narcotráfico en el país.