La Justicia ordenó este jueves la detención preventiva del alcalde cruceño Jhonny Fernández en la cárcel de Palmasola, por el lapso de 100 días, en el marco del denominado caso ‘Pavimento’, que investiga presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes por parte del Ejecutivo Municipal. La decisión fue asumida por la jueza Alejandra Menacho, tras la audiencia de medidas cautelares realizada en el Palacio de Justicia.
La decisión fue asumida por la jueza Alejandra Menacho, en una audiencia de medidas cautelares que se extendió por más de cinco horas en el Palacio de Justicia.
La audiencia se instaló cerca de las 13:00 y concluyó pasadas las 18:20 con la medida más gravosa solicitada por la Fiscalía. La medida permitirá a la Justicia avanzar las pericias técnicas y la investigación en el denominado caso ‘Pavimento’.
El proceso se origina en una denuncia presentada en diciembre de 2025 por el exconcejal Manuel Saavedra, sustentada en un informe de auditoría operacional de la Contraloría General del Estado que observó presuntas irregularidades en al menos 16 proyectos de pavimentación rígida ejecutados por el municipio. Según la imputación, las observaciones abarcan estudios de diseño, contratos, órdenes de cambio, planillas de avance e informes de supervisión.
La Fiscalía Departamental de Santa Cruz, a través del fiscal Alberto Zeballos Flores, sostuvo que existen indicios racionales de la comisión del hecho y riesgos de fuga y obstaculización, argumentos con los que respaldó la solicitud de detención preventiva.
La fiscal del caso, Milenka Rodas, había adelantado que el Ministerio Público insistiría en la medida excepcional por seis meses. Sin embargo, la jueza Alejandra Menacho otorgó 100 días de detención para la autoridad edil.
Durante la audiencia, la defensa del alcalde planteó al menos cuatro incidentes previos, alegando que la auditoría evaluó criterios de eficacia y grados de avance, y que las diferencias detectadas serían instrumentales, sin daño económico al Estado. También señaló que inspecciones oculares evidenciaron tramos pavimentados en varias obras observadas y que las irregularidades se limitarían a detalles puntuales y desgaste por uso. Los abogados negaron riesgos procesales y anunciaron que impugnarán la decisión.
En el exterior de la sala se registraron manifestaciones de apoyo y críticas. Asistieron concejales que cuestionan la gestión municipal y, a la vez, familiares y simpatizantes del burgomaestre. La Fiscalía informó además que el IDIF evaluó la salud del alcalde y determinó que se encuentra estable y apto para enfrentar el proceso penal.
Con la detención ya dispuesta, el caso continúa en fase investigativa, a la espera de pericias especializadas en ingeniería civil que permitan cuantificar un eventual daño económico al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. La defensa insiste en que no existe perjuicio patrimonial y atribuye la denuncia a motivaciones políticas, extremo que la Fiscalía rechaza.