Una grave denuncia de presunto abuso sexual sacude a un colegio particular, donde ya se identificaron seis víctimas menores de edad. La intervención fue encabezada por la Defensoría de la Niñez y la Dirección Departamental de Educación (DDE), tras conocerse que la unidad educativa no activó los protocolos establecidos para este tipo de casos.
Según Tatiana Herrera, Directora de Género Generacional de la Alcaldía, la institución educativa incurrió en una omisión grave. “El error que han cometido es omitir el procedimiento, que señala que cualquier unidad educativa —fiscal, particular o de convenio—, una vez que se entra en conocimiento de agresiones físicas, verbales o sexuales, debe inmediatamente comunicarlas a la Defensoría”, advirtió.
Los presuntos agresores son tres estudiantes de entre 13, 15 y 16 años. De acuerdo con el marco legal, dos de ellos podrían ser imputados penalmente. “Si las investigaciones resaltan que sí hubo el delito, el de 15 y 16 tendrían que ser pasibles. El de 13 años tendría una tratativa diferente”, explicó Herrera.
Suben a seis las víctimas de presunto abuso sexual en un colegio particular. Foto: Red Uno
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El número de víctimas creció en los últimos días, llegando a seis menores de primaria. Todos los casos apuntan a los mismos estudiantes como presuntos agresores. Ante esta alarmante situación, dos equipos multidisciplinarios comenzarán a trabajar: uno con las víctimas y sus familias, y otro con los presuntos agresores.
“Se realizó el abordaje psicológico de tres menores junto a sus progenitoras que acudieron a la Defensoría (…) El primer equipo verificará si hay más víctimas, mientras que el segundo se hará cargo de los agresores”, añadió Herrera.
Desde la Defensoría del Pueblo, la representante Marioly Álvarez confirmó que el colegio no cumplió con el protocolo de denuncia y anunció un seguimiento estricto al caso. “De momento se identificó que no se siguió de manera puntual los protocolos (…) Se tiene un reporte de seis menores de primaria, que tiene que ser corroborado por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia”, declaró.
Álvarez también enfatizó que ni las víctimas ni los presuntos agresores pueden ser privados de su derecho a la educación. “En ese contexto, la unidad educativa, junto a la Distrital y la Defensoría, debe habilitar una dinámica que garantice ese acceso”, concluyó.
El caso se encuentra en plena etapa investigativa, mientras la comunidad educativa y padres de familia exigen justicia y garantías de protección para los menores involucrados.